La Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara ha convocado, para el próximo lunes, 10 de febrero, una concentración ante la puerta de los Juzgados de la capital alcarreña, en protesta por el juicio «injusto» que ese mismo día se celebrará contra ocho activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Guadalajara que participaron en una protesta en el interior de una sucursal bancaria de Cabanillas del Campo para pedir la paralización de un desahucio.
Estos activistas han vuelto a ratificar este lunes, 3 de febrero, su intención de no acudir a la vista, prevista en el Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara el mismo día de la concentración, por considerar que se trata de un juicio «plagado de irregularidades».
Los ocho activistas a los que en principio se juzgará los días 10 y 12 de febrero, se enfrentan a penas que van desde los 11 meses que pide la Fiscalía hasta los 3 años y medio que pide la entidad bancaria (CaixaBank), acusados de resistencia grave a la autoridad, desobediencia grave y coacciones.
Han pasado siete años desde entonces y este lunes –apoyados por AIKE Guadalajara, Abriendo Fronteras, Rincón Lento, Podemos, Izquierda Unida, Confederación Nacional del Trabajo, Plataforma Feminista, el Sindicato Comisiones de Base, STAS-Intersindical, el Sindicato de Estudiantes, Centro Social Octubre, Izquierda Revolucionaria y Partido Comunista de España– han vuelto a insistir en que se trata de un juicio político ante el cual se declaran insumisos; consideran, además, que la sentencia ya está firmada.
Por ello, llaman a la concentración convocada a las 10.30 horas en la entrada de los juzgados. «Se trata de un juicio injusto», afirman y por ello quieren mantener su derecho a la protesta, entendiendo que es algo que la Fiscalía quiere limitarles, ha remarcado Diego Herchhoren, uno de los imputados y activista de la PAH.
Desde la Plataforma Antirrepresiva entienden que lo que se intenta desde los tribunales es «amordazarlos» mediante una acusaciones que «ni siquiera la Guardia Civil se ha llegado a creer», abunda Herchhoren, insistiendo en que no se presentarán a la vista en señal de protesta por un juicio que consideran que nunca debería haberse iniciado y por ello afirman también que asumirán todas las consecuencias.
Para Gustavo Rioja, otro de los imputados, esto es «una persecución política» contra de los movimientos sociales y «un proceso de banquillo eterno».
Los hechos ocurrieron el 5 de diciembre de 2017 en Cabanillas del Campo, donde ocho activistas que pretendían evitar el desahucio de una compañera de la PAH fueron detenidos.