Compra Pública Verde es un Grupo de Investigación interdisciplinar de la Universidad de Alcalá que se constituyó en marzo de 2017 y que ha obtenido la calificación de Grupo de Investigación de Alto rendimiento cada año desde la introducción de esta distinción en 2019.
El grupo está integrado por 4 profesores de la UAH con vinculación permanente, que procura incorporar jóvenes investigadores de manera continuada ya que la formación y la transferencia de conocimiento son un pilar fundamental. Este es el motivo por el que se destina una parte sustancial del presupuesto de los proyectos de investigación a la dotación de becas.
El núcleo central de la investigación consiste en analizar cómo puede ‘ambientalizarse’ la compra pública, es decir, de qué manera las Administraciones Públicas y el sector público en general pueden desarrollar una estrategia de compra más sostenible y acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Se trata de un campo muy amplio ya que abarca cualquier tipo de compra pública: infraestructuras (puentes, caminos), limpieza (hospitales, calles), transporte (buses, tranvías, coches) y un larguísimo etcétera.
«Precisamente, debido a la amplitud del campo de estudio hemos centrado nuestros esfuerzos en el sector de la alimentación y recientemente hemos incorporado la eficiencia energética. La elección de estas dos áreas de trabajo se debe al importante impacto que ambos tienen en el cambio climático. Por ejemplo, los edificios son responsables del 40% de los gases de efecto invernadero que se generan a nivel europeo» afirma Ximena Lazo, Profesora de Derecho Administrativo y Coordinadora del Grupo de Investigación en Compra Pública Verde.
Enfoque multidisciplinar
Los cambios en la legislación en materia de cambio climático se están produciendo de forma muy veloz, así que es necesario estar continuamente pendientes de cómo estos avances legales afectan e impulsan a todos los sectores mencionados.
En 2020, durante el confinamiento, el Grupo llevó a cabo un análisis de la regulación COVID19 y sus efectos en los contratos públicos y, en septiembre de 2021 han publicado un exhaustivo análisis de la relación entre la compra pública y el cambio climático, que era importante hacer tras la reciente aprobación de la Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética que ha supuesto importantes modificaciones en esta área.
Una de las mayores innovaciones es precisamente el enfoque interdisciplinar de este Grupo. Esto les ha permitido llevar a cabo análisis cualitativos y cuantitativos en este ámbito de trabajo, sistematizar la información y hacerla entendible para acercarla no sólo al resto de la comunidad investigadora sino a otros agentes que participan en las decisiones de compra pública, a los usuarios de los servicios públicos y a la sociedad en general.
En esta línea visibilizamos errores frecuentes para favorecer su corrección y ponen de manifiesto buenas prácticas para que sean replicadas. Por ejemplo, han editado el libro Compra Pública Verde, Atelier 2018 y elaboran guías que funcionan como mapa de ruta para moverse con seguridad por los distintos instrumentos y las numerosas normas que se aplican en la compra pública verde. Por ejemplo, la Guía de Compra Verde, Sector Alimentación.
Los comedores escolares
Actualmente están centrando su atención en un área clave del sector alimentario: los comedores escolares estudiando los documentos contractuales de cada Comunidad Autónoma para tener una radiografía muy precisa de la situación a nivel nacional, que nos permita responder a preguntas como ¿qué peso tiene el precio al contratar un menú escolar? ¿se tiene en cuenta la calidad? ¿qué criterios ambientales están presentes? ¿hay diferencias territoriales?…
Como afirma Ximena, «la mayor dificultad con la que estamos trabajando es la tensión que existe entre las reglas de mercado y las de protección ambiental. Normativamente es un ámbito muy complejo: por un lado, está toda la legislación de contratos públicos, y, por otro, tenemos un océano de reglas medioambientales. Y a esto tenemos que sumarle el impacto económico que tiene la compra pública, que según la Comisión Europea oscila entre el 14% y el 19% del PIB europeo, y la gran resistencia al cambio que habitualmente presentan todos los agentes que intervienen en el proceso. Y es que la compra pública constituye una herramienta con un gran potencial transformador y no está siendo aprovechada suficientemente».
La profesora explica que «nuestro trabajo tiene una aplicación práctica tangible e inmediata. Los criterios ambientales que decide incluir el sector público constituyen las reglas de juego para las empresas que quieren optar a ser adjudicatarios de contratos públicos. Dichos contratos, como se ha dicho cubren diferentes sectores del mercado y suponen una parte importante del PIB. Una mejor comprensión de qué criterios ambientales son más adecuados, cómo incluirlos para que tengan más efecto, qué errores deben evitarse… facilitará una lucha contra el cambio climático más eficiente y más rápida. A estas alturas entendemos que todo el mundo es consciente de la necesidad que tenemos de frenar el desastre climático y de que todo cuenta en esta importante tarea. Las decisiones de compra pública producen modificaciones directas sobre el mercado: coches eléctricos, menús sostenibles, edificios eficientes energéticamente, etc».
Para facilitar la comprensión de este ámbito tan complejo a otros investigadores y al resto de agentes que intervienen en algún momento del proceso como técnicos de la administración, gerentes, usuarios de los servicios… utilizan varios canales de divulgación para llegar a un público lo más amplio posible. Así, de forma continuada organizan seminarios, encuentros y cursos, como por ejemplo el I y II Foro de Compra Pública Verde centrados en los servicios de restauración colectivos o el III Foro de Compra Pública Verde en el que hablamos de alimentación sostenible.
Además, días pasados se celebró el I Congreso Internacional de Compra Pública Verde y Cambio Climático que espera ser un encuentro anual, en el que se consolide en una instancia de difusión, aprendizaje y transferencia de conocimiento tanto a las autoridades públicas, operadores económicos y la sociedad en general.