A instancia de diversos medios de comunicación, entre ellos LA CRÓNICA, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha informado de las licencias de enterramiento expedidas por los registros civiles de la región con motivo de la situación originada por la pandemia del COVID-19. Los datos estremecen: frente a los 708 fallecidos por coronavirus oficialmente reconocidos en ese período en toda la región, los que murieron con sospecha de haber contraído la enfermedad fueron otros 1.921. Eso solo en el mes de marzo.
En el caso concreto de Guadalajara, en los 31 días de marzo se computan 337 inhumaciones en el Registro Civil, de las cuales 115 presentaban un certificado de defunción en el que se aludiera expresamente al COVID-19. Sin embargo, en otros 107 certificados de defunción los facultativos sugieren sospechas de que también se tratase de coronavirus. En ese mismo lapso de tiempo, Sanidad daba como válida la cifra de 100 muertes por la pandemia en el acumulado hecho público en el último día del mes para Guadalajara.
Según han asegurado fuentes del Tribunal Superior a este diario, esta nueva estadística incluye tanto las inhumaciones como las incineraciones. Para ambos es preceptiva la expedición de un certificado médico de defunción, la inscripción de la misma en el Registro Civil y una licencia de enterramiento.
A la vista de lo ocurrido, en la provincia de Guadalajara se han formalizado ante el Registro Civil un 92,6 por ciento más de enterramientos durante marzo de 2020 que hace un año para el global de la provincia. Las cifras se disparan en la capital, que es donde está ubicado el Hospital Universitario.
En el mismo mes de marzo, pero de 2019, el número de enterramientos en la ciudad de Guadalajara fue de apenas 58, según consta en los registrados oficiales. La cifra de este año se ha incrementado enormemente: los 306 enterramientos en la ciudad suponen un incremento del 427% y multiplicar por más de 5 los del mismo mes del año anterior.
Con estos datos y ese mismo criterio, al menos dos de cada tres fallecidos en marzo en la provincia de Guadalajara son casos susceptibles de venir causados por el coronavirus. Exactamente, el 65,9%. De los fallecidos en Albacete durante el mes de marzo, 41,2% presentaban síntomas compatibles con el COVID-19; tasa que se va al 73,3% en Ciudad Real; al 60,1% en Cuenca y al 46,6% en Toledo.
Ni test ni análisis a los cadáveres
El Tribunal explica que estas actuaciones de conteo se inician a raíz de las informaciones solicitadas para garantizar el correcto funcionamiento de los registros civiles, «en las que se apreciaba un desproporcionado incremento del número de licencias de enterramiento y defunciones con las consiguientes dificultades en la gestión de los trámites para la inhumación de los cuerpos».
De igual modo, se pusieron de manifiesto, desde un primer momento y a los ojos de los responsables del Poder Judicial en la región, «dificultades para la gestión de las licencias e inscripciones de defunción por el aumento significativo de la mortalidad, así como en la consignación de las causas de la muerte en las certificaciones médicas, en las que no siempre aparecía referenciada la infección por el virus». La causa de ello es simple: no se sometía a los cuerpos a test o análisis que acreditaran el contagio «si bien en muchos supuestos los indicios y síntomas de las patologías inmediatamente causantes de la muerte apuntaban a dicha infección como causa principal o determinante de la misma», según enfatizan desde el propio Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
Medidas adoptadas por el Tribunal Superior de Justicia
Como consecuencia de estos datos, se ha dictado un acuerdo por parte del presidente del Alto Tribunal, «dirigiendo prevención a los Jueces Encargados de los Registros Civiles» para que, en lo sucesivo, «se vele por que se haga una identificación lo más precisa posible de la causa inicial o fundamental de la muerte en todos aquellos casos en los que aparezcan procesos patológicos o causas o intermedias que puedan considerarse compatibles o sospechosos con el coronavirus».
En el expediente gubernativo abierto por el Tribunal Superior, con sede en Albacete, se encomienda a los Institutos de Medicina Legal de Albacete, Cuenca y Guadalajara, y de Ciudad Real y Toledo, y a los médicos forenses, «la colaboración necesaria con los registros civiles para que pueda quedar constatada la causa inicial o fundamental del fallecimiento en los supuestos de las defunciones ya inscritas desde el día 1 de marzo de 2020 en los que aparecieran sospechas o factores racionales de probabilidad de COVID-19».
Se ha acordado trasladar este acuerdo al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia a través de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.
El propio Tribunal, resalta al mismo tiempo «la función que están realizando los jueces encargados de los Registros Civiles y los funcionarios y personal a su servicio, así como la de los Juzgados de guardia que ejercen como Registros fuera del horario de los mismos, muchas veces sin medios de protección individual».