El fiscal superior de Castilla-La Mancha, Emilio Manuel Fernández, ha dado de cuenta de la memoria de su departamento en Castilla-La Mancha, alertando del aumento continuado de casos de violencia de género pese al descenso de órdenes de protección.
Un año que cerró con dos mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas, una en Ciudad Real y otra en Toledo, mismo dato que ya se ha alcanzado en este 2024, «una cifra pequeña pero incesante» que hace necesario «seguir luchando», porque «toda actuación pública es poca».
«Hay que proteger más y acabar en la medida de lo posible con mayor urgencia», ha añadido, alertando de que la violencia de género digital también está al alza, «con más acoso, amenazas e insultos» a través de mensajería instantánea.
Ha sido en este punto en el que ha elevado la voz de alarma ante los «problemas» que ha supuesto la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su artículo 416 al respecto de la posibilidad de dispensa para que las mujeres no declaren contra su pareja o ex pareja, retoque legislativo que «no está produciendo los resultados esperados».
Así, aunque la víctima ahora «no pueda retractarse» de lo declarado en un inicio, las declaraciones «se vuelven vagas e imprecisas y en ocasiones producen una sentencia absolutoria», algo que ocurre «cuanto más tiempo pasa» desde que se producen los hechos hasta que llega el proceso judicial.
A más tiempo, «más fácil que la mujer tienda a perdonar o tratar de hacer borrón y cuenta nueva, y evitar en la medida de lo posible una sentencia».
Ha reclamado en este punto abundar en la especialización de los juzgados, toda vez que en Castilla-La Mancha solo hay dos específicos para violencia machista, uno en Albacete y otro más en Toledo para los partidos judiciales de la capital, Illescas y Orgaz.
A todo ello, ha sumado que hay «muy pocas condenas», al tiempo que ha rechazado que haya denuncias falsas, ya que el dato de las mismas es «muy despreciable».