La directora del Instituto de la Mujer, Pilar Callado, ha denunciado la invisibilidad social de la violencia económica, "un tipo de violencia de género que la mayoría de las veces va de la mano de la física, o de la psicológica, o de ambas, pero que está invisibilizada a nivel social, y no se ve todavía como un instrumento más de abuso, que en realidad es lo que es; además, está menos perseguida porque es aún más difícil de demostrar".
Así lo ha explicado este martes durante su intervención en las jornadas 'Distintas dimensiones de la violencia económica', organizadas por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Después de explicar el marco general de la violencia de género que sufren las mujeres en España y aportar algunos datos (en lo que va de año, según datos oficiales han sido asesinadas en España, por sus parejas o exparejas, 50 mujeres, y desde enero de 2003, cuando comenzaron los registros oficiales, 1026 mujeres han sido asesinadas en nuestro país), Callado ha explicado que la violencia económica o patrimonial se da a través del control relacionado con la economía doméstica o a través de la merma de la independencia económica de las mujeres durante la convivencia, y también continua después, una vez que deciden dar el paso de separarse.
En el primer supuesto, adopta la forma de un control obsesivo de los gastos que realizan las mujeres, incluso cuando ellas disponen de sus propios ingresos: "Hay violencia económica cuando tu pareja te dice que el dinero que entra en casa es suyo, y por lo tanto es él quien decide cuándo y en qué se gasta; cuando no tienes cuenta bancaria; cuando tu pareja solo te da dinero cuando quiere y la cantidad que él quiere; cuando te pide explicaciones de cómo y en qué te has gastado "su" dinero; o cuando te dice que el dinero que tú ganas no sirve para nada porque son "migajas".
En el segundo caso, aparece la violencia económica cuando no se paga la pensión alimenticia, no haciéndose cargo del mantenimiento de hijas e hijos, no compartiendo la responsabilidad de la crianza y los cuidados o no pagando la hipoteca, cuyas consecuencias pueden acabar en un desahucio.
"Es una forma de violencia de género muy grave porque, además, el maltratador, no solo castiga a su pareja o expareja, sino que también ejerce esa violencia contra sus hijas e hijos. Es, por tanto, la manera que tiene el maltratador de prolongar el control sobre la madre y de persistir el maltrato en hijas e hijos ya que ese control económico restringe su capacidad de desarrollo", ha denunciado Pilar Callado.
En España, según datos de la 'Macroencuesta de violencia contra la mujer' de 2015, un 10,8% de las mujeres residentes (a partir de 16 años), ha sufrido violencia económica por parte de alguna pareja o ex pareja en algún momento de su vida. Si sólo se tiene en cuenta a las mujeres que han tenido pareja alguna vez en su vida, el porcentaje de las que han sufrido violencia económica de alguna pareja o ex pareja asciende a un 11,2%.
Por otro lado, del total de mujeres que tienen alguna ex pareja, el 16,8% afirma haber sufrido violencia económica de alguna de ellas y del total de mujeres que tienen pareja en la actualidad, el 3,3% manifiestan haber sufrido violencia económica de esta pareja en algún momento de la relación.
EN PRISIÓN POR DELITO DE IMPAGO
Cerca de un centenar de hombres están en prisión con sentencia firme por el delito de impago de pensiones alimenticias. La ley recoge penas de 3 meses a 1 año. Sin embargo, a pesar de que la ley dice que el impago de la pensión es violencia de género, la jurisprudencia no considera que tenga que dirimirse este asunto en juzgados especializados si no hay concurrencia de otro tipo de maltrato, un hecho que en opinión de la directora del Instituto de la Mujer "debería modificarse".
Pilar Callado también ha diseccionado algunas de las "nefastas consecuencias derivadas de este tipo de violencia", como afectaciones a la salud psíquica y física, provocando ansiedad y depresión; también afecta al desarrollo de las mujeres como ciudadanas en la medida que limita las posibilidades de desarrollo en el ámbito público y reduce las redes de contactos sociales.
Otra de las graves consecuencias de la violencia económica es el empobrecimiento, que aumenta la vulnerabilidad de las mujeres y la de sus hijas e hijos.
