El decano del Colegio de Abogados de Guadalajara, Emilio Vega, se ha mostrado partidario de la modificación de las leyes actuales en España y que se puedan aplicar medidas cautelares como la intervención policial y el desalojo inmediato de los ‘okupas’ como única solución al creciente problema de ocupación de viviendas que se registra tanto a nivel nacional como en el caso concreto de la provincia de Guadalajara.
En este sentido, en una entrevista a Europa Press para LA CRÓNICA, ha querido aclarar que en los casos de ‘okupas’ de viviendas habituales el problemas aún puede solucionarse más rápidamente pero ha precisado que en el supuesto de segundas viviendas, la situación «se agrava y mucho», de ahí que defienda las leyes que se aplican para ello en otros países de la Unión Europa como Francia o Alemania porque «han dado la solución».
Hay solución, cambiando las leyes
«La propiedad privada es sagrada», ha apuntado Vega a nivel personal, haciendo referencia tanto a los casos de pisos ocupados propiedad de particulares o bien de bancos y convencido de que la adopción de medidas cautelares «es la solución ideal» a un problema que afecta también de manera importante a distintos municipios en la provincia, entre los que se encuentra la propia capital, Alovera, Taracena, El Casar y Horche, entre otros muchos.
Según ha explicado, en otros países, si alguien entra en la vivienda de una persona, bien sea en propiedad o en alquiler, lo primero que hacen es ir a la Comisaría y denunciar, y cuando la policía comprueba que el piso es de su propiedad o que lo tiene en alquiler, puede actuar «automáticamente», y «sacan» a los ‘okupas’ en el plazo de 24 ó 48 horas.
Para este abogado, «eso es una medida cautelar» que a su juicio debería aprobarse en España en vez de llevarse estas cuestiones a través de la usurpación y el allanamiento de morada. «Aquí no lo contempla la ley porque nos la cogemos con papel de fumar», ha subrayado el decano del Colegio, insistiendo en que se trata de una opinión personal.
Abogados sin vacaciones
El decano del Colegio ha recriminado también al Gobierno central la decisión de haber habilitado tres cuartas partes del mes de agosto al trabajo de los letrados por la COVID-19 y cree que privarles del derecho a las vacaciones que tiene todo trabajador «ha sido la mayor tontería» que ha podido hacer el Ejecutivo porque «no se ha adelantado absolutamente nada».
Vega ha reprochado al Gobierno el haber tomado una decisión que ha conllevado que abogados y procuradores a nivel nacional se hayan quedado sin vacaciones tras habilitar desde el Ministerio desde el día 11 de agosto hasta fin de mes para realizar este trabajo, y además, «han tenido la cara dura de decir que han sido los días en los que más ha avanzado la justicia», ha subrayado.
«Hemos estado tres meses sin hacer nada y pretendían que con esta medida se iba a adelantar algo pero no ha sido así», ha reprochado el decano del Colegio a los máximos mandatarios del Ministerio por poner en marcha una medida «con la que no se ha adelantado nada porque la justicia ya venía atascada de antemano y en veinte días no se soluciona», ha aseverado.
Más dinero para Justicia
En este sentido, Vega ha enfatizado en la necesidad de dotar la justicia de más dinero, más personal y más espacios para trabajar y «no quitando las vacaciones» a abogados y procuradores ya que, ni a jueces, ni a fiscales ni a funcionarios se les ha aplicado esta medida. «Los únicos perjudicados hemos sido nosotros», ha enfatizado.
Por último, ha reconocido que el caso de Guadalajara quizá haya sido menos llamativo que el de otras provincias y que gracias a ello, la actividad judicial durante estos veinte días de agosto ha estado «al ralentí»; no obstante, ha asegurado que le han confirmado que en otras provincias ha sido «una locura».