La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) ha advertido, al igual que los responsables de las pruebas de acceso a la Universidades de toda España, que es «imprescindible» retrasar el comienzo del periodo de implantación del nuevo modelo hasta 2025, algo que el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha descartado.
«No es realista afirmar que existe suficiente tiempo para poner en marcha dicho modelo en 2024 y se perjudicará gravemente al estudiantado que este curso esté matriculado en primero de bachillerato», ha manifestado este viernes CRUE en un comunicado, recogido por Europa Press.
La institución considera que el texto normativo propuesto por Educación «todavía resulta insuficiente para regular con la completitud, la seguridad y el rigor que sería necesario unas pruebas cuya repercusión social, relevancia y consecuencias sobre el futuro académico y profesional del estudiantado no necesitan ser subrayadas».
Asimismo, CRUE cree que es «absolutamente necesario» mantener la duración de los exámenes en 90 minutos debido a que, a su juicio, las pruebas competenciales «no requieren necesariamente un aumento de tiempo para su realización». «Las universidades tenemos experiencia en el diseño de evaluación por competencias y en cómo ajustarlas en tiempo y forma sin causar una fatiga innecesaria al estudiantado», asegura.
En la misma línea, los rectores explican que la mayor duración de cada examen «supondrá inevitablemente ampliar los días dedicados a las pruebas y, como consecuencia, habrá un retraso en los procedimientos de preinscripción, admisión y matrícula para el estudiantado».
A vueltas con la duración de los exámenes
También avisan de que el estudiantado con necesidades educativas especiales (NEE) «acusará más gravemente este aumento de tiempo, comprometiendo su rendimiento en estas pruebas, lo que supone un retroceso en las políticas de inclusión desarrolladas en los últimos años por las universidades».
Para CRUE, esta mayor duración de la fase ordinaria «podría implicar la vuelta a la realización de la fase extraordinaria en septiembre». «El estudiantado sufrirá, en general, un mayor estrés y prolongará su incertidumbre en el resultado de su proceso de admisión a la universidad», precisa.
Por otro lado, los rectores piden descartar la posibilidad de que el estudiantado «pueda elegir entre revisión y doble corrección». Así, remarcan que el procedimiento actual, implementado desde hace años, «no solo ofrece al estudiantado una mayor agilidad en los procesos administrativos y acorta los tiempos para que el estudiante conozca los resultados finales de su admisión, sino que también ha demostrado que garantiza perfectamente los derechos de estudiantes».
CRUE ha reiterado su «compromiso institucional y social y su voluntad de trabajar conjuntamente para optimizar la realización de unas pruebas que tanta repercusión tienen para el estudiantado».