La moción de censura prevista para debatir este martes en Carranque (Toledo), con la que el PSOE pretendía arrebatar la Alcaldía al PP con el apoyo de Cs, ha quedado en el aire tras desautorizar la formación naranja a los dos ediles que iban a propiciar que saliera adelante.
Fuentes del partido han confirmado a Europa Press que desde la dirección de Ciudadanos se han puesto en contacto con ambos ediles en la tarde de este lunes para poner en cuestión este movimiento político.
El PSOE, impulsor de la iniciativa para la cual ya había recabado el apoyo de dos ediles de Cs y la abstención de la única concejal de Unidas Podemos, busca arrebatar la Alcaldía a la ´popular´ Amelia Guzmán en favor del socialista Mario Sánchez.
Tras los comicios del mes de mayo de 2019, Partido Popular y PSOE alcanzaron cuatro escaños en el arco municipal del Consistorio, por dos ediles para Cs y uno más para Unidas Podemos. La suma de fuerzas entre el PP y Cs dio una Alcaldía a Amelia Guzmán que llega a su fin apenas 15 meses después.
Cabe recordar que el equipo de Gobierno expulsó el pasado mes de junio a la portavoz naranja por «detectarse graves irregularidades en su gestión», sacando también del Gobierno a su compañero de bancada.
LA EXSOCIA DE GOBIERNO APOYA LA MOCIÓN TRAS SER EXPULSADA
Días después de suscitarse esta moción de censura, el Partido Popular de la localidad anunció acciones legales contra la portavoz naranja, María Ángeles Díaz, exsocia de Gobierno y ahora pieza clave para que el bastón de mando cambie de manos.
Según aseguraban los ´populares´ en nota de prensa, la denuncia se presenta por presunta malversación de caudales públicos, ya que acusan a la concejal de «utilizar indebidamente dinero del Ayuntamiento para pagar una deuda personal ante la Tesorería General de la Seguridad Social».
Una vez cesada, precisamente al objeto de emitir el finiquito de su salario como miembro del Gobierno municipal, se tuvo conocimiento de que, eludiendo la preceptiva firma de la interventora municipal y de la alcaldesa, realizó presuntamente una transferencia desde la cuenta del Ayuntamiento de Carranque en la entidad Liberbank a la cuenta de la Tesorería General de la Seguridad Social para cancelar una deuda propia, según el argumento del PP.
Además, «según consta en la contabilidad, la concejal solo devolvió al Ayuntamiento parte del importe de la transferencia, por lo que la secretaria municipal le ha hecho diversos requerimientos que constan en el expediente municipal incoado y la concejal rehúsa contestar».
De la misma forma, el PP asegura haber detectado que María Ángeles Díaz pudo falsear la declaración de bienes e intereses depositada en el Ayuntamiento al principio de la legislatura «al ocultar deliberadamente dos de las tres empresas en las que participa como socia o administradora y cuya incidencia o incompatibilidad con sus funciones de Concejal de Urbanismo y Obras se desconocen».
Con todo, la todavía alcaldesa ha alertado de que si prospera la moción de censura podría verse interrumpida una auditoría impulsada por el Ayuntamiento contra esta concejal, por lo que ha pedido al PSOE que «se convierta en cómplice de las irregularidades e impida que el Ayuntamiento se ponga al servicio de intereses personales».
GARCÍA CONTESTA EN LOS JUZGADOS
De su lado, la portavoz de Cs, María Ángeles García, ha explicado a Europa Press que estas dos acusaciones vertidas por el Partido Popular contra su persona tendrán respuesta en los juzgados.
Según explica, es «materialmente imposible» que ella pudiera liquidar ningún tipo de pago al no tener nada que ver con las competencias en Hacienda. «Esto no se va a quedar así, son acusaciones muy serias».
Sobre la acusación de ocultar dos de las tres empresas en las que ha trabajado en su declaración de bienes, García ha señalado que se trata de dos empresas que no tienen actividad desde hace años. «Están extinguidas, no considero que tenga que declararlas», asegura.
La concejal ha recordado que las «irregularidades» detectadas en la acción de Gobierno desde el Partido Popular llevaron a Cs a pedir en febrero una comisión de seguimiento del pacto de investidura. «A partir de ahí, la cosa fue degenerando», justifica, apuntando a irregularidades y falta de transparencia sobre todo en el apartado de contrataciones.
En el mes de junio, el equipo de Gobierno del PP decide expulsar a los dos concejales de Cs que habían motivado una mayoría suficiente para gobernar.
A 24 horas de debatirse la moción de censura, García asegura que ahora lo importante es «ver la forma en la que mejor se puede sacar el municipio adelante», si bien no se ha hablado todavía «nada concreto» con el futuro alcalde.
«Pero sí sabemos qué hacer, sobre todo regularizar las contrataciones realizadas y acometer mejoras en infraestructuras», asegura.
EL PSOE ARGUMENTA LA MOCIÓN EN LA «CRISPACIÓN Y FALTA DE TRANSPARENCIA»
De su lado, el PSOE de Carranque argumenta para presentar esta moción de censura la «crispación política, falta de transparencia y falta de diálogo» de la que culpan a la alcaldesa, la cual «ha provocado un desprestigio y un deterioro del Gobierno municipal que ha perjudicado mucho al pueblo y a la ciudadanía».
El previsiblemente futuro alcalde ha defendido que durante la pandemia y el confinamiento trasladó por escrito su disposición a colaborar con el Gobierno, escritos «que no han sido contestados».
Por ello ahora pretenden «un punto de inflexión en la política municipal de Carranque y mirar hacia adelante». «Estamos aquí para trabajar todos a una y si formamos Gobierno no vamos a hacer lo que nos han hecho a nosotros».
LA EDIL DE UNIDAS PODEMOS OFRECE SU ABSTENCIÓN
Aunque para que la moción de censura prospere basta con la suma de fuerzas entre PSOE y Cs, la única edil de Unidas Podemos, Yolanda García, ha ofrecido abstenerse a cambio de «un acuerdo programático progresista».
Aunque ha dejado claro que en ningún caso apoyaría la moción si esta supone que Cs pueda entrar en el Gobierno, sí ha querido aprovechar la circunstancia para «impulsar políticas progresistas».
En total, propone siete medidas a cambio de la abstención, como la construcción de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) o la dotación presupuestaria para ayudas sociales durante la crisis sanitaria, económica y social derivada de la COVID-19.