La consejera de Igualdad del Gobierno de Castilla-La Mancha y portavoz del Ejecutivo, Blanca Fernández, ha considerado este martes que la ley del Aborto aprobada por el Gobierno de España «tiene aristas» que pueden llegar a «complicar» la gestión de las comunidades autónomas. Concretamente, se ha referido al hecho de «hacer obligatorio que se practiquen las interrupciones del embarazo en el sistema público sin ninguna excepción».
A preguntas de los medios, Fernández ha indicado que este extremo «hace que sea incompatible» esa práctica con el derecho a la objeción de conciencia por parte de los profesionales de la medicina.
«A las mujeres hay que protegerlas de cualquier polémica; quizá merezca la pena reflexionar un poco sobre un tema tan delicado, porque un derecho se tiene que ejercer con garantías e intimidad», ha apuntado la consejera.
La prevención y las dudas de la consejera tienen su fundamento en el caso de Castilla-La Macha, donde los médicos de la sanidad pública no practican interrupciones de embarazos en al menos tres provincias de la región, como ya explicó en su día LA CRÓNICA en una muy detallada información.
El caso de Guadalajara
Las mujeres residentes en Toledo, Cuenca o Guadalajara solo pueden abortar en centros privado, habitualmente en la Comunidad de Madrid. Desde el 3 de marzo de 2010, la ley hasta ahora vigente ya reconocía el aborto como una prestación sanitaria obligatoria contemplada en el Sistema Nacional de Salud. El problema ha sido casarlo con la objeción de conciencia de los médicos.
«Interrumpir voluntariamente el embarazo va a estar garantizado en todos los hospitales públicos», sostenía el pasado mes de febrero Irene Montero en la Comisión de Igualdad del Congreso. La frase, si se cumple en toda su extensión, tendría una consecuencia directa en Guadalajara, en cuyo hospital público no se practican abortos por falta de facultativos que estén dispuestos a hacerlo. Los médicos implicados se niegan, apelando a la cláusula de conciencia.
El caso de Guadalajara, aunque paradigmático, no es una excepción. De hecho, se calcula que solo el 15% de los abortos en España se realizan en centros públicos. El 85 por ciento pasa por los centros concertados; ninguno de ellos está en la provincia de Guadalajara, lo que obliga a las mujeres a desplazarse, generalmente a Madrid. Dentro de Castilla-La Mancha, sólo se han practicado en clínicas de Albacete y Ciudad Real.
La derivación a clínicas madrileñas se mantiene inalterada desde hace décadas y no se detuvo tampoco durante el Gobierno de Cospedal, con José Ignacio Echániz como consejero de Sanidad y Asuntos Sociales. Este político del PP, actualmente diputado en Cortes por Guadalajara, se mostró abiertamente en contra de la Ley del Aborto promovida por el PSOE y asumió la aplicada por el Partido Popular.
Medio millar de casos al año en Guadalajara
Cada año rondan el medio millar las mujeres residentes en la provincia de Guadalajara que interrumpen un embarazo. Según los datos que ha podido consultar LA CRÓNICA en el Ministerio de Sanidad, correspondientes a 2019, en ese año fueron exactamente 452 la mujeres atendidas, casi todas remitidas desde su centro de salud.
Perfil de las mujeres que abortan con residencia en Guadalajara
El perfil de edad mayoritario es el comprendido entre los 20 y los 35 años. Entre 15 y 19 años de edad, en 2019 fueron 51 casos; 5 de ellas tenían 15 años, que es la menor edad registrada en las tablas. En el otro extremo, sólo 2 mujeres tenían más de 44 años.
En consecuencia, en la gran mayoría de los supuestos estamos ante personas con estudios completados de ESO o de Bachillerato, sin hijos en el 43%; la cuarta parte, con un hijo previo y con dos, en otro 24,22% exactamente. Ocho de las mujeres que recurrieron a la IVE en 2019 en Guadalajara tenían ya 5 o más hijos.
Según esa misma estadística oficial, 296 de las mujeres no habían sido sometidas a abortos anteriormente (un 65,48%), 106 ya habían abortado en una ocasión previamente y 5 de ellas lo habían hecho en cinco o más ocasiones. En la gran mayoría de los casos, se interrumpe con 8 semanas o menos y prácticamente siempre es por petición de la mujer (398) frente a los 37 que en el citado 2019 se practicaron por «grave riesgo».
