La Fiscalía Anticorrupción vincula a la exsecretaria general del PP Dolores de Cospedal y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, con la ‘operación Kitchen’ –el operativo parapolicial que se creó para sustraer documentos al extesorero del partido Luis Luis Bárcenas– por la «documentación comprometedora» que éste tendría sobre ella.
Así se señala en el informe, de 56 páginas que el Ministerio Público ha presentado ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que investiga la pieza ‘Kitchen’ dentro del macrosumario por actividades irregulares del comisario jubilado en prisión José Manuel Villarejo. En él solicita la imputación del matrimonio y del exministro Jorge Fernández Díaz por delitos de prevaricación, descubrimiento y revelación de secretos y malversación de caudales públicos.
Su vinculación al caso deriva, según los fiscales, del interés personal que Cospedal tendría en la operación por dos razones: directa como afectada por documentación supuestamente comprometedora para ella misma e indirecta como secretaria general del partido.
Su marido, López del Hierro, aparece en la investigación como la persona que pone en contacto a Andrés Gómez Gordo, responsable de la seguridad de su esposa, con Villarejo, para que éste manipule al chófer de Bárcenas. Así se refleja en varias conversación que mantuvo Villarejo con su socio Adrián de la Joya y el comisario José Luis Olivera, incorporadas al oficio policial inicial.
Añaden que dentro de estos «encargos puntuales» que le habría realizado el PP a Villarejo estaría, identificado por el propio comisario, la «supuesta destrucción de ordenadores del Partido Popular», en alusión a los dispositivos de Bárcenas dañados que dieron lugar a una causa judicial.
Así, en una conversación con empresarios que grabó el 17 de febrero de 2017, Villarejo recuerda «cuando me encargaron destruir los ordenadores ¡por ejemplo! Que los tengo inmortalizados a todos». «Hablamos de los de… –pregunta el empresario Adrián de la Joya–, a lo que Villarejo responde «Génova, Génova».
LA INTERVENCIÓN DE «COSPEDÍN»
En otra de las conversaciones, de fecha 16 de febrero de 2017, De la Joya espeta a Villarejo. «¿Y eso lo tiene Bárcenas o ya no lo tiene Bárcenas?, a lo que Villarejo responde «se lo quitamos, bueno se lo quitaron».
En dicha conversación, y en relación con la participación del e jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Enrique García Castaño, ‘el Gordo’ –también investigado en la causa–, Villarejo alude a los documentos sustraídos: «pues macho tengo esto de cuando fuimos al agujero del hijo de puta de tal, del Bárcenas», para añadir «sí, en el estudio de pintura, de la señora, en el mueble chungo que había en el doble fondo» (*) a mí me lo dijo el cocinero».
El citado Cocinero es el nombre con el que se conoce a Sergio Ríos, chófer de Bárcenas, de quien Villarejo se vanagloria de haber captado en esta conversación. «Primero va el gordo a captarlo… oye que tú has sido miliko y no se qué y no se cuántos, todo por la patria y no se qué, y el otro se asusta y se acojona…(…) Yo lo que hago es que digo: A ver este tío dónde está…este tío ha sido el escolta de Granados, ha sido no se qué ¿A quien conoce? A Cospedín. Y me voy a Cospedín y le digo chiquitín… (*) y cuando estoy hablando con él me dice: pero tú eres Villarejo, digo,: no, no, yo soy Anselmo Cifuentes, «no me jodas que mí me ha dicho López del Hierro que eres tal, digo: Será gilipollas López del Hierro», señalan las grabaciones transcritas en el informe.
Otra vinculación, si bien indirecta, de altos dirigentes del Partido Popular con la gestación de la Operación Kitchen se encontraría reflejada en una grabación del propio Villarejo en julio de 2009 a Cospedal y a su marido en la sede del PP, que tendría por contenido, entre otros, el ofrecimiento del comisario con la aceptación por parte de este por entonces, funcionario policial, de la ejecución de «encargos puntuales» que serían sufragados por el PP.
Dichos encargos, según Anticorrupción, podrían ya entonces estar relacionados con la investigación policial y judicial de casos de corrupción que afectan a miembros del Partido Popular, entre ellos denominado ‘caso Gürtel’.
Después, en septiembre y octubre de 2009, Villarejo advirtió en sendas comunicaciones telefónicas a Ignacio López del Hierro de la existencia de dos investigaciones penales amparadas por el secreto sumarial: Brugal (en Alicante) y Gürtel. La información se la habría facilitado el entonces Comisario Jefe de la UDEF, José Luis Oliveria.
CLIENTE: «LETRADO DIRECTOR»
Otros indicios que abundan en esta línea de investigación se refieren a documentos de la sociedad de Villarejo, Cenyt, que si bien no reflejan una contratación sí constituyen actos previos por parte de un cliente denominado como «letrado director», que actuaría en representación de varios encartados del «sumario G», que según los investigadores sería ‘Gürtel’. Este extremo fue corroborado por el propio Villarejo en su declaración judicial del 11 de marzo de este año, según apunta la Fiscalía.
Entre estos documentos destaca un estudio económico que cifra la «colaboración profesional» de Villarejo por importe de 15 de euros con una provisión de fondos de 5 millones, además de uno honorarios por éxito de 8 millones, 10 millones y 12 millones, «si bien no se ha acreditado en las actuaciones que estos honorarios fueran aceptados por el cliente, ni tampoco constan abonos en las cuentas Cenyt analizadas hasta la fecha que puedan ser atribuidos a la ejecución del proyecto.
En otra reunión, celebrada el día 25 de enero de 2017, también se tiene constancia por conversaciones grabadas por Villarejo de su interés en que su amigo Olivera fuera nombrado DAO de la Policía, que quedaría vacante por jubilación de su titular, para lo cual contarían con su capacidad de influencia sobre Cospedal. La agenda de Villarejo plasma también estos contactos con Cospedal y López del Hierro, según las anotaciones obrantes en el informe.
El último indicio aportado son las alusiones al conocimiento y participación de Cospedal que se han localizado en los archivos del teléfono móvil del entonces número dos de Interior, Francisco Martínez.