La intención del Ayuntamiento de Guadalajara de tener este mes septiembre corridas de toros en la capital puede quedar en agua de borrajas.
Según ha confirmado LA CRÓNICA por diversas fuentes, incluido el equipo de gobierno, una empresa de origen mexicano ha planteado un recurso contra el pliego para la contratación de estos festejos.
Se está a la espera de lo que decida el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, un organismo que depende del Ministerio de Hacienda y que es un viejo conocido de la Corporación alcarreña, ya que fue utilizado políticamente en mandatos anteriores. El caso más notorio ocurrió, aunque ya pocos lo recuerden, cuando el socialista Daniel Jiménez consiguió paralizar de ese modo en 2013 el llamado «megacontrato de servicios» que había ideado Jaime Carnicero, con la anuencia de Antonio Román.
En lo puramente taurino, están siendo estos unos días de animadas conversaciones en los mentideros, aunque con pocos datos. Los hechos constatables son los que puede aportar hoy LA CRÓNICA.
Una mercantil con domicilio social en Madrid y constituida el 7 de junio de este mismo año, es la que ha sido utilizada para solicitar que se suspenda cautelarmente el procedimiento de contratación «por poderse producirse daños de difícil o imposible reparación». En el registro de la sociedad limitada figura como representante un torero mexicano de 30 años de edad cuyo apoderado era en 2020 un polémico empresario.
El Tribunal, donde tuvo entrada el documento el pasado día 12, lo ha notificado al Ayuntamiento y este ya acusado recibo del mismo. Si el calendario ya estaba muy ajustado para encontrar cuadrillas y toros a estas alturas de la temporada, los plazos son todavía más improbables y complicados al tener que esperar la decisión que llegue de Madrid y cumplir, además, con las propias fechas concedidas en el pliego para eventuales alegaciones. Eso, si lo que se resuelve no es directamente la suspensión del procedimiento.
Razones contra el pliego
Para intentar tumbar el pliego, se abunda en los cinco folios presentados en que «la descripción del criterio de adjudicación carece de la precisión y grado de detalle necesario, vulnerando lo dispuesto en el artículo 145.5 b) de la LCSP. La utilización de términos como «corridas toristas», así como «valoración del material y resto de condiciones requeridas en el pliego», “valoración de matadores y rejoneadores”, “tipo de ganadería a utilizar” no expresan qué características, elementos, aspectos, cualidades o atributos de las ganaderías y toreros, se tomarán en consideración para valorar las proposiciones».
Más allá del embarullado estilo literario de su redactor, queda claro que lo que esgrime es que «el margen de discrecionalidad en la posterior evaluación de las ofertas superará el límite de lo razonable porque el órgano evaluador no tiene límites concretos establecidos en el PCAP para emitir su juicio técnico».
¿Qué toreros? ¿Qué toros?
El Ayuntamiento había planteado la realización para los primeros días de septiembre de dos corridas de toros y una corrida de rejones. Se llegaba incluso a facilitar una relación de posibles diestros, con lo mejor del escalafón: •Morante de la Puebla • Diego Urdiales •Ginés Marín •El Juli • Juan Ortega •Antonio Ferrera • Pablo Aguado •Emilio de Justo •Paco Ureña •Sánchez Vara •José Mari Manzanares •Roca Rey •Curro de la Casa • Daniel Luque • Manuel Escribano •Román •Octavio Chacón •Cayetano •Miguel Angel Perera •Finito de Córdoba.
En el apartado rejoneadores, las propuestas se tenían que ceñir a • Diego Ventura •Leonardo Hernández • Pablo Hermoso de Mendoza •Andy Cartagena •Lea Vicens •Rui Fernándes •Guillermo Hermoso de Mendoza o Sergio Galán.
Del mismo, para la selección del ganado, se primaba con 35 puntos la elección de ganaderías «toristas», sin especificar que se entiende por tales. A cambio de un teórico y potencial cargo en taquilla superior a los 300.000 euros, el equipo municipal de gobierno ofrecía una ayuda a de 15.000 euros.
Al margen de la argumentación jurídica utilizada, lo que más peso puede tener es el precedente de lo ocurrido con el Ayuntamiento de Navalcarnero en 2019. El Tribunal equivalente en la Comunidad de Madrid apreció parcialmente un recurso para un caso que guarda similitudes con este.
Acucia el tiempo
El alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, aseguraba a comienzos de junio que haberse quedado sin empresario en el coso de Las Cruces no iba a ser un impedimento para la celebración de festejos taurinos este año en la capital de la provincia. Según insistía, habrá feria taurina “en función de que la situación epidemiológica lo permita”.
Rojo asumía que, “a lo que no da tiempo ahora, es a sacar un nuevo pliego para varios años”, algo que se hará a lo largo de este 2021.
“La solicitud de rescisión de contrato por parte del adjudicatario de la gestión de la plaza de toros no tiene absolutamente nada que ver con que este año haya o no haya toros”, insistía.
Renuncia al filo del nuevo contrato
Fue el 27 de mayo cuando el Ayuntamiento de Guadalajara dio a conocer que tramitaba la solicitud de la UTE Coso de las Cruces para rescindir de mutuo acuerdo el contrato para la organización de espectáculos taurinos, encierros y sueltas de vaquillas correspondientes a las Ferias y Fiestas de la ciudad.
Según un comunicado hecho público ese día, “el Ayuntamiento de Guadalajara sigue pendiente de la evolución de la pandemia, así como de las directrices en torno a espectáculos que dicten las autoridades sanitarias, a fin de tomar una decisión en relación a la celebración de las Ferias y las Fiestas o de algunas de las actividades relacionadas con las mismas, como los eventos taurinos. En este último caso, el Gobierno municipal recurriría a una fórmula contractual únicamente para el presente ejercicio“.
Rescisión tras una prórroga en la pandemia
El contrato que unía a ambas partes fue suscrito en 2015 y vencía en 2020, en plena pandemia. Se autorizó, a petición de la empresa, una ampliación hasta mayo de 2021.
Inopinadamente, la empresa alegó que a 31 de mayo, fecha límite para la presentación de la programación de 2021, la legislación seguía impidiendo celebrar encierros urbanos y, por otro lado, la organización de corridas de toros está a expensas de la evolución de la situación sanitaria en relación a los aforos.
Sea como fuere, alcanzada la fecha en que deberían presentarse los carteles, la UTE Coso de las Cruces planteó una rescisión de mutuo acuerdo, que el Ayuntamiento de Guadalajara aceptó. La concesionaria se fue; la feria sigue en el aire.