El Consejo de Gobierno ha autorizado una subvención a Ilunion Servicios Industriales por importe de 1.574.953 euros para financiar el mantenimiento de los 623 puestos de trabajo que esta empresa tiene en su centro especial de empleo de Cabanillas del Campo. En los últimos meses, esa empresa fue objeto de duras críticas, precisamente, por la situación laboral de sus empleados.
Con ese millón y medio de euros de fondos públicos se financiarán los costes salariales correspondientes al segundo semestre de 2021 (julio a diciembre y paga extra de diciembre), consistente en el abono del 50 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional vigente.
Esta cantidad se suma a una similar aprobada en el mes de julio para costear el primer semestre de manera que, al finalizar el año, el Gobierno regional habrá destinado tres millones de euros a este centro especial de empleo.
Críticas de CCOO
Fue el pasado mes de junio cuando CCOO cuestionó la gestión de la ONCE en esta empresa, propiedad de su Fundación y que opera bajo la marca Ilunion.
Según el sindicato, allí se mantenía a más de un centenar de trabajadores en ERTE-Covid, mientras obligaban al resto a hacer horas extras «para recuperar las que presuntamente no pudieron trabajar mientras ellos mismos estuvieron en ERTE-COVID».
«Los cambalaches de la dirección de Ilunion para seguir aprovechándose de los ERTE son, a nuestro entender, incompatibles con la imposición de horas extra», denunciaba entonces Teresa Sánchez, presidenta del comité de empresa.
Un Centro Especial de Empleo tiene una plantilla compuesta de al menos un 70% de trabajadores con algún grado de discapacidad.
Según su propia web, Ilunion tiene 5 centros especiales de empleo, ubicados en Marchamalo y en la ciudad de Guadalajara además de en Cabanillas. Se dedican a lavandería y a lo que técnicamente definen como facility services.
Fue en 2016 cuando la Fundación ONCE se hizo con la totalidad del accionariado de Manchalán, empresa que en esas mismas instalaciones venía repitiendo el mismo modelo productivo, fuertemente bonificado por la Administración, desde sus comienzos en 1999. Quien salió de la sociedad entonces fue el grupo vasco Gureak, que tenía el 25 por ciento de las acciones. Un año antes, la ONCE ya había comprado el 50 por ciento que hasta 2015 detentaba el Grupo Mondragón, más conocido en la provincia de Guadalajara por sus establecimientos Eroski.
Al poco de comenzar su actividad, tras una inversión inicial de 750 millones, recibía la vista de José Bono cuando la plantilla aún rondaba las 70 personas que eran dedicados la fabricación de componentes eléctricos para electrodomésticos de línea blanca y de componentes de plástico para automóviles. Ocho años más tarde ya habían duplicado la plantilla.
Ya hubo encontronazos con CCOO en aquella lejana etapa.
Apoyo regional a la contratación
De este acuerdo ha informado la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, que ha remarcado «la importancia que otorga el Gobierno del presidente García-Page a las políticas de apoyo a las personas con discapacidad y, en particular, a aquellas dirigidas a su inserción laboral, para que tengan la oportunidad de integrarse en el mercado de trabajo y caminar hacia su autonomía personal».
En esta línea, Blanca Fernández ha explicado que, junto a las ayudas para el mantenimiento del empleo mediante la subvención de los costes laborales, la Consejería de Economía, Empresas y Empleo completa su estrategia de apoyo a la inserción laboral de las personas con discapacidad con otras medidas, como las destinadas a la contratación indefinida; las subvenciones para proyectos de generación de puestos de trabajo indefinidos que incorporen inversiones en activos fijos; y las unidades de apoyo en los centros especiales de empleo.
En el caso de las subvenciones al mantenimiento del empleo financiando los costes laborales, la portavoz del Gobierno ha recordado que el Plan de Medidas Extraordinarias para la Recuperación Económica de la región con motivo de la Covid (2020-2022) contempla destinar cada año 19,7 millones de euros a este fin, en total casi 60 millones en tres años. Estas ayudas benefician a más de 4.000 personas trabajadoras con discapacidad que integran la plantilla de los 96 centros especiales de empleo de la región.
Por lo que respecta al fomento de la contratación indefinida de las personas con discapacidad, el Ejecutivo autonómico viene destinando anualmente en torno a 1,4 millones de euros. Por su parte, los proyectos de generación de puestos de trabajo indefinidos que incorporen inversiones en activos fijos (diferentes tipos de maquinaria, coches etc.), tienen como finalidad subvencionar la contratación de las personas con discapacidad que manejarán esos activos. Y, finalmente, también se conceden ayudas a unidades de apoyo para los centros especiales de empleo a las que se destinan en torno a 650.000 euros anualmente y mediante las cuales preparadores y preparadoras técnicas tutorizan a las personas con discapacidad que hay en estos centros.
En conjunto, la Consejería de Economía, Empresas y Empleo destinará en 2022 casi 23,5 millones de euros a estas políticas que fomentan el empleo entre las personas con discapacidad.