El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado este martes el Decreto de ayudas al fomento del teletrabajo, un nuevo decreto que contará con una dotación económica inicial de 500.000 euros y con dos líneas: una para incentivar la conversión de puestos de trabajo presencial en trabajo a distancia, y otra para apoyar las nuevas contrataciones en modalidad de teletrabajo por parte de las empresas.
Según ha informado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en rueda de prensa, son ya 13 los decretos aprobados en Consejo de Gobierno desde la puesta en marcha del Plan de Medidas Extraordinarias para la Recuperación Económica de la región con motivo del COVID, de los cuales siete de ellos son «totalmente novedosos».
Este Decreto tiene carácter retroactivo, es decir, que aquellas empresas que transformaron puestos de trabajo a la modalidad de teletrabajo en Castilla-La Mancha o que iniciaron contrataciones en materia de teletrabajo desde el 14 de marzo podrán solicitar esta nueva línea de ayudas, una vez que el decreto se publique en el Diario Oficial de la región, que lo hará en los próximos días.
El Gobierno regional dará una ayuda de 700 euros a las empresas que transformen un puesto de trabajo presencial en trabajo a distancia y esa ayuda será de 3.000 euros en el caso de que las empresas hagan nuevas contrataciones en modalidad de teletrabajo.
Estas líneas de ayudas se amplían en un 20 por ciento en todas aquellas zonas incluidas en la Inversión Territorial Integrada (ITI) o zonas prioritarias, según ha recordado la consejera.
El Decreto va dirigido a todas las pymes de la región y a los autónomos que tengan al menos una persona asalariada a su cargo. Además, hay que cumplir dos requisitos adicionales: que la actividad se realice en Castilla-La Mancha y tienen que ser dirigidas a actividades que sean susceptibles de ejercerse en la modalidad de teletrabajo.
OTROS ACUERDOS
De otro lado, la consejera ha informado de la decisión de prorrogar la línea AVAL COVID-19, que fue una de las primeras medidas que adoptó el Gobierno de Castilla-La Mancha cuando se inició la crisis sanitaria y económica dotada con 15 millones de euros para facilitar la financiación de las pymes y autónomos de la región.
Ha indicado que hasta ahora esta línea ha beneficiado a 99 empresas y autónomos y ahora lo que se va a hacer es prorrogar esta medida hasta el 31 de diciembre. La consejera ha confiado en que esta prorroga repercuta en un mayor impacto en términos de financiación para las pymes y autónomos de Castilla-La Mancha.
Además, ha apuntado la consejera, se ha adoptado otra decisión en el seno de AVAL Castilla-La Mancha, Sociedad de Garantía Recíproca, es decir, se ha decidido reforzar la estructura societaria, entrando nuevas entidades participantes como el Banco Santander, Liberbank, y la Asociación para el Progreso de la Dirección de Castilla-La Mancha.
Por otra parte, el Consejo de Gobierno aprobó este martes un nuevo convenio de colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI), dependiente del Ministerio de Industria. Este convenio, que está dotado con 2,4 millones de euros, de los que la Junta aporta el 20 por ciento, es decir, 480.000 euros, va a permitir poner en marcha 17 espacios coworking para fomentar el emprendimiento.
PRUEBA DEL TALÓN
En otro orden de cosas, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a un gasto cercano al millón de euros para financiar el programa de cribado y detección precoz de enfermedades congénitas en recién nacidos, la llamada ´prueba del talón´, presupuesto con el que quedará cubierta para los próximos dos ejercicios.
La portavoz del Gobierno autonómico, Blanca Fernández, ha defendido que se trata de «una de las principales actuaciones en materia preventiva que se aplica de manera universal y que favorece el diagnóstico temprano» de enfermedades tanto físicas como psíquicas.
En este sentido, ha recordado que en el año 2012, «después de los recorte» de un Gobierno del PP, solo se detectaban tres enfermedades con este diagnóstico, y en los últimos años se ha elevado esta tasa a un total de 24.
«Es una política irrenunciable porque protege a quienes más queremos proteger, a la infancia», ha afirmado Fernández.
