El día 12 de febrero se recuerdan dos hechos: El martirio de Santa Eulalia, patrona de Barcelona a la que la Iglesia dedica el día y a la que torturaron metiéndola desnuda en un tonel lleno de cristales y clavos que echaron a rodar cuesta abajo. Y el discurso que pronunció ese día el presidente Arias Navarro para impulsar lo que llamó ‘el espíritu del 12 de febrero’, en 1974, que propició las reformas hacia la democracia que tenemos.
A partir de ahora, el 12 de febrero se recordará también porque es el día en que empezó un Juicio doble y con mayúscula: El Juicio, o Proceso al Procés, en el que el Tribunal Supremo juzgará a los que organizaron y promovieron el referéndum del 1 de octubre de 2017, suspendido por el Tribunal Constitucional y celebrado de manera ilegal en Cataluña. Y el Juicio al Juicio, o la opinión que se va a formar sobre él.
Sin duda, será importante el proceso ante el Tribunal Supremo, el día a día del mismo, la postura de unos y otros, la participación en los hechos que se enjuician de los encausados y todo lo que haya alrededor. Pero, encomendado el juicio a un tribunal, todo en él, hasta la sentencia, tiene importancia limitada. En el proceso, se va a aplicar la ley, y nadie se preocupa de unos toneles, que no existen con clavos o cristales para martirizar, como el que usaron en Barcelona para torturar a Santa Eulalia. Es posible que los procesados se echaran a rodar ellos solos o que alguien o alguna circunstancia les pusiera en la cuesta abajo que supone violentar la Ley en un Estado de Derecho. Es lo que tendrá que enjuiciar y, en su caso, corregir el tribunal. Sólo eso. Sin toneles para martirios ni interferencias en la independencia que el sistema da a los profesionales encargados de impartir justicia.
No pasa lo mismo con el Juicio al Juicio, en el que sí pueden aparecer toneles rodando cuesta abajo con clavos y cristales dentro. Y es que en este caso, a diferencia del anterior, no hay profesionales de justicia instruyendo y los jueces somos todos. Sin normas que regulen nada, ni siquiera cómo lograr que el conocimiento de la causa se ajuste a la realidad y evite mentiras y mártires, alguno no santo. En consecuencia, es posible que los razonamientos no partan de la verdad y que las informaciones y deducciones que salgan del Juicio no sean equitativas o estén manipuladas. Por ello, está en riesgo algo que es mucho más importante que las simples consecuencias y peripecias personales de los encausados y de los que directa e indirectamente participan en el Juicio: El interés nacional y El sistema político, o democracia, que regula nuestra convivencia.
Hemos de convenir que en el proceso que empieza el 12 de febrero en el Tribunal Supremo se enjuicia a unos encausados. Con todas las garantías e independientes, los magistrados impartirán justicia; la Fiscalía velará por que se aplique la Ley; y la Acusación Particular y las Defensas tratarán de exponer razones para que las penas (posibles) que se impongan resarzan a la sociedad del daño causado por el comportamiento de los acusados. Pero también hemos de tener en cuenta que, además de este Juicio y unido a él, hay otro Juicio, de personas que enjuician y no jurídico, que nos importa a todos, no ajeno a lo que ocurrió en Cataluña el 1 de octubre de 2017, y frente al que la sociedad no tiene otra protección que la información veraz.
Por ello, en el Juicio al Juicio, son imprescindibles la información y la verdad. Se ha dicho que el Proceso al Procés se va a transmitir sin reservas, que se va a ver cómo se aplica la Ley, y que este caso va a servir de muestra para que todo el mundo vea cómo se administra justicia en España. Estará bien, pero, además de mostrar la realidad, es necesario que no se deje margen para la manipulación independentista, la tergiversación de quienes buscan la ruptura nacional, o la actividad mercantilista de los que hacen negocio informativo falseando el victimismo o aireando disparates.
Por ello, el Poder Ejecutivo, que gobierna, debe entender que ahora una de sus obligaciones principales, acaso la que más, es evitar que el proceso se envilezca con mentiras. Se acercan unas Elecciones Generales y hay intereses electorales en juego, pero, en este momento de la historia y por el bien nacional, el gobierno debe conseguir que resplandezca la verdad sobre todo lo que hay en el proceso. Lo contrario, además de irresponsable, sería colaborar con quien pueda andar buscando la forma de construir toneles para un martirio que en interés nacional es inútil.
Y es que echar a rodar engendros en toneles cuesta abajo sólo en un caso produjo la santidad de una virgen catalana. Ahora y en estas circunstancias, ese proceder, con cristales y falsedades o con clavos y verdades deformes, es absurdo. O algo peor: Uno o varios de los delitos tipificados en el Código Penal.
