Ya se han desvelado los nombres que formarán parte de la nueva legislatura del Parlamento Europeo. Tras la reelección de Roberta Metsola como presidenta de la Eurocámara y de Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea, el martes 23 de julio se celebraban las reuniones constitutivas de las veinte comisiones y cuatro subcomisiones que componen el Parlamento y conocíamos al resto de miembros que estarán al frente.
Aunque no las únicas que conciernen al sector agrario y ganadero, hay dos comisiones que lo hacen directamente: la de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRI) y la de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. (ENVI)
Ambas cuentan además con caras nacionales. De la primera, que estará presidida por Veronika Vrecionová, formarán parte los españoles Carmen Crespo, Cristina Maestre, Mireia Borrás y Alvise Pérez.
En cuanto a la segunda, presidida por Antonio Decaro, contará con Esther Herranz, como vicepresidenta primera, además de Dolors Montserrat, Susana Solís, Javier López, César Luena y Jorge Buxadé.
Visto el listado de españoles y del resto de eurodiputados que durante los próximos cinco años tienen faena, traigo a la memoria colectiva la duda que se nos planteaba hace unos meses. Pongámonos en contexto. Miles de agricultores y ganaderos manifestándose por las carreteras, autovías y puertos de España y de Europa, reivindicando medidas más que justificadas. Mientras tanto, políticos, líderes, dirigentes y otros cabecillas se apropiaban de la causa y, en ocasiones, hasta crispaban a los manifestantes para sacar algún tipo de rédito. Hubo mentiras, descalificaciones y desprecios. Se hizo mucho daño a los agricultores y ganaderos. Se les robó el discurso, les concedieron apoyos interesados, pero ni un solo compromiso. Y si no denunciamos esta situación, seguirán utilizando al campo para su beneficio político o económico.
El sector agrario ha sido testigo de innumerables promesas y declaraciones de apoyo, pero ahora ha llegado el momento de comprobar si estas palabras fueron meramente un recurso electoralista o si realmente representan un compromiso con las reivindicaciones del sector. Y, para que no queden en el olvido, hacemos un repaso de algunas de las protestas y demandas por las que miles y miles de agricultores y ganaderos salían a las calles.
Un modelo de sistema productivo. Una de las tareas más significativas que tendrán los nuevos mandatarios será la negociación y aprobación de la nueva Política Agrícola Común (PAC), que se debería implementar a partir de 2028 con el nuevo marco presupuestario de la Unión Europea.
La PAC actual, como bien ha quedado demostrado, no se ajusta a la realidad del sector y necesita una revisión más que profunda, capaz de priorizar la producción de alimentos y de defender un modelo de sistema productivo.
La política agroambiental necesita un enfoque más equilibrado. El conservacionismo no puede imperar en las políticas agrarias, pues la producción de alimentos en cantidad y calidad es incompatible con la limitación del uso de fitosanitarios, fertilizantes y medicamentos para la ganadería o con normativas como la Ley de la Restauración de la Naturaleza y otras que suponen limitaciones adicionales a la actividad agraria y ganadera.
No se puede tener una agricultura verde en números rojos, no se puede cumplir un Pacto Verde diseñado a espaldas del agricultor.
Y si teníamos pocos colores, algunos ya se han inventado el Pacto Azul sobre el agua. Así que antes de que muevan cualquier ficha, viene al caso advertir que sobre este tema también hay propuestas de los agricultores que escuchar. Para empezar, necesitamos una hoja de ruta para los países mediterráneos que contemple las realidades específicas en materia de agua. Garantizar el suministro para riego es vital para mantener la producción de alimentos a precios razonables. Esto requiere mejorar la gestión del agua e invertir en infraestructuras hidráulicas que aseguren la disponibilidad del recurso y no al contrario, como hasta ahora.
Por otro lado, la reciprocidad en las relaciones comerciales con terceros países es indispensable. Es vital exigir que se cumplan las mismas normas de producción y comercialización que en Europa, estableciendo mecanismos como las cláusulas espejo y aumentando el control sanitario de las producciones primarias en las fronteras.
Con la guerra de Rusia en Ucrania, se presentó un nuevo escenario que influye y afecta directamente a la política agraria. Sólo el primer eslabón de la cadena alimentaria está pagando las consecuencias del conflicto. Se necesita una discriminación positiva para la producción europea y un nuevo modelo de acuerdos comerciales que protejan a los productos españoles de la competencia desleal y evite el hundimiento de los precios.
Además, hace falta que las medidas estructurales de los fondos comunitarios destinadas a la cadena alimentaria también miren por el agricultor y el ganadero.
El momento de la verdad ha llegado. Las movilizaciones del sector agrario han puesto de manifiesto problemas estructurales que requieren soluciones urgentes y concretas. Es hora de que los responsables políticos europeos demuestren si sus palabras se traducen en acciones y compromisos reales. La agricultura y la ganadería no pueden permitirse más dilaciones ni promesas vacías. Hay que garantizar la seguridad jurídica, conseguir la soberanía alimentaria y terminar con los ataques al sistema productivo. El futuro del campo y el de nuestros agricultores y ganaderos está en juego.