Y deben hacerlo ya, sin dilaciones. Ante España, 47 millones de españoles, los miles de muertos que han caído, los que han perdido familiares sin un adiós de despedida, los que se han repuesto totalmente o han visto sus pulmones deteriorados; y, también y muy especialmente, deben responder ante los que les auparon al Gobierno, a los que, con su gestión, han convertido en cooperadores necesarios del crimen que han cometido, entendiendo éste por un ‘delito de asesinato’, si lo determina así la Justicia, o la ‘acción muy mala y censurable’ que cita el diccionario cuando define ‘crimen’.

Sánchez y su Gobierno no son responsables de la aparición del coronavirus en el mundo, pero sí son responsables de lo que han hecho frente a él desde que conocieron su existencia; porque ellos debían evitar o paliar los perjuicios que ha causado y causará. De eso es de lo que deben responder.

Y deben hacerlo ya, sin dilaciones. Porque el tiempo cuenta y es necesario encarar la situación con eficacia; con la eficacia que ellos no pueden conseguir, desprestigiados como están por el desastre que, pudiendo, no han paliado.

Las responsabilidades que han contraído son de dos tipos: Las que han de tasarse desde las leyes que regulan nuestra convivencia, que precisan la atención de quienes tienen encomendada la misión de encargarse de ellas (penales, civiles y económicas) con la precisión, pulcritud, tiempo y requisitos que se necesiten. Y las políticas, que la sociedad no reserva a especialistas y que nos interesan a todos.

Aparcadas las responsabilidades que deben ocupar a los especialistas (jueces y órganos de administrar justicia) para que la sociedad sea resarcida en lo posible del perjuicio ocasionado por Sánchez y su Gobierno, ocupémonos de las responsabilidades políticas.

Podría acometerse la tarea desde una postura justiciera con sentimientos de dolor, tristeza y hasta afanes de venganza. Sería lícito, pero no práctico. Porque la sociedad necesita aunar esfuerzos para recuperarse. Desde este estado, con todos enclaustrados en casa, lo primero que hay que conseguir es la confianza social en quienes han de dirigir la recuperación. Y es esa necesidad la que implica la desaparición a los mandos del timón de quienes tienen la mayor desconfianza social conocida en democracia. Sánchez y los miembros de su Gobierno deben apartarse. Para tasar su deuda con la sociedad por su gestión están los órganos que administran la justicia en España, Europa y el mundo. Pero eso no es motivo, ni excusa, para que ellos, de por sí u obligados, hagan lo que conviene iniciando un proceso con algunas fases que son necesarias y conviene justificar. A saber:

1.- Crisis inmediata de Gobierno. Es necesario sustituir el Gobierno actual de coalición-confrontación por otro limpio de estorbos y antojos egoístas o de clase. Un Gobierno de consenso amplio que resulte eficaz para dos misiones necesarias: Mantener la gobernabilidad del Estado de Derecho. Y ocuparse de la recuperación.

2.- Dimisión de Sánchez, voluntaria o forzada, y toma de poder del nuevo Ejecutivo. Una vez hecha la crisis de Gobierno, no hay motivo, ni necesidad, de mantener a Sánchez. Es el autor de la gestión pasada. Le falta prestigio. No tiene credibilidad. Y, hasta como adorno, es un lastre para la recuperación. Debe dimitir, sí, inmediatamente después de hacer la crisis de gobierno que evite la parálisis que supone la convocatoria de Elecciones Generales. Ése puede ser el mayor, y acaso último, servicio a España no egoísta de un hombre que, tras la de Franco, ha abierto demasiadas sepulturas antes de ver su ego sepultado.

3.- Redacción de un Programa de Acción Nacional, por parte del nuevo Ejecutivo, con el concurso de quiénes estén dispuestos a ayudar y por un periodo tasado – 12 o 18 meses pueden ser bastantes según algún especialista- para mantener estabilidad, propiciar la recuperación nacional, fomentar la unidad, y robustecer las bases del Estado tras la crisis.

4.- Convocatoria de Elecciones Generales. Para que el pueblo, de acuerdo con los programas de Gobierno ofertados por los partidos políticos, recupere el protagonismo que le corresponde en democracia.

Sánchez y su Gobierno deben responder. Ya, sin dilaciones. Es de justicia.

Una forma de hacerlo limpia, sin intereses espurios y para propiciar un futuro en el que diluir penas y superar crisis y traumas, es el apuntado: Que la Justicia se encargue de juzgarlos y administrar las sentencias que merezcan; y que la sociedad se defienda de ellos, con su concurso o sin él, tomando satisfacción política y buscando una continuidad próspera sin ellos en primera línea dirigiendo.

Puede haber otras, con otros plazos y otras fórmulas. Pero Sánchez y su Gobierno deben responder.