En España, los encargados del transporte son: Sánchez, presidente del gobierno que dirige la acción del Gobierno y coordina ministerios. Bolaños, ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática que apoya al Presidente. Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital que propone y ejecuta la política del Gobierno en materia económica. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social que se ocupa del empleo y relaciones laborales. María Jesús Montero, ministra encargada de la hacienda pública. Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda urbana, que propone y hace la política del Gobierno en los ámbitos de las infraestructuras del transporte y de su control, ordenación y regulación administrativa, para lograr una movilidad segura y sostenible, basada en criterios de justicia social. Todos los ministros que, solidarios, deben ocuparse de la ‘res publica’. Y los agentes sociales, Sindicatos y Asociaciones empresariales, que deben procurar la concordia social.

Con lo anterior a la vista, hay convocada para el lunes un huelga del transporte. Motivos: Subida del precio de carburantes. Transporte a pérdidas, o trabajar perdiendo dinero. Recaudación, decidida y controlada por el Gobierno, para aprovisionar las arcas del Estado. El origen de la situación, dice Pedro Sánchez, es el estado de cosas y del mercado que produce la guerra de Putin. Lo es, pero hay algo ajeno que se debe al hacer (mal hacer) del Gobierno y los agentes sociales. Ambos debieron advertir y prevenir lo que ahora soportan los transportistas y pagaremos todos.

Veámoslo: En el precio de los combustibles, porque así lo ha decidido el gobierno, éste y anteriores, se incluye como impuesto del Estado un porcentaje, próximo al 50%, que incrementa los costes y controla el gobierno. Esto es así y se sabe. En esta situación, el gobierno debería, con los que en España se encargan del transporte, agarrar el toro del transporte desbordado por los cuernos para evitar los motivos que llevan a la huelga. Si se recauda un 50 % del precio de los carburantes con impuestos, el Gobierno, que controla el impuesto y hace los Presupuestos Generales del Estado (PGE), debería haber tratado de arreglar el asunto. A bote pronto, una rebaja del impuesto para equilibrar lo recaudado, que financia a los PGE, con las necesidades de los transportistas parece una solución aceptable: Se conservaría, como actividad necesaria, una movilidad segura y sostenible, basada en criterios de justicia social. Se mantendrían, con ello, tasas de empleo más baratas que socorrer a transportistas parados. Y se contribuiría a la solución del conflicto.

El problema estaba a la vista del Gobierno y de todos. En su momento se pudo entrar en el asunto y, con más preparación y estudio que el apuntado aquí, arbitrar medidas necesarias. Hay ministerios con funcionarios preparados que se habrían podido encargar de todo. No se ha hecho, hasta la fecha, y el aprieto se puede usar, se esta usando ya, como moneda de cambio o trueques políticos en las relaciones-peloteras que acaban de aparecer y soportamos. Como consecuencia, ineficacia y rémoras. A la vista están. Declaraciones que tapan vagancias y responsabilidades políticas. Los transportistas que deben transportar, convertidos en fardos pesados y caros para arrastre. Y el remolque mayor: el Gobierno con su maquinaria estatal y los agentes sociales arrastrando y lastrando a un transporte nacional, susceptible de conversión en morralla para chanchullos políticos. Los primeros lances ya han aparecido en las reunión de presidentes de las Comunidades Autónomas. Los presidentes, casi todos, piden rebaja o acomodo de impuestos para salvar el transporte en beneficio del transporte, transportistas y usuarios. El Gobierno, arrastrado y corrido, plantea, ahora, otra reunión, una más, entre todos para lograr un apaño en el diluir y mezclar las competencias y responsabilidades propias en las del estado autonómico.

Es de esperar que, como solución para la continuidad, el Gobierno, a la cabeza de nadie sabe qué y a remolque de la solución y el problema, enjarete una retahíla de actos y acciones a las que nos trata de acostumbrar. Reuniones, más reuniones. Declaraciones en medios de comunicación, televisiones, radios y en las alcachofas que se pongan a mano. Dimes de unos y diretes de otros. Más diretes y dimes de todos. Al final y como concesión, magnánima y mísera a la vez, una solución consensuada con pocos e impuesta a todos (gobiernos autonómicos, partidos políticos y agentes sociales) que publicará el Gobierno, Consejo de Ministros mediante o sin él; y otros ‘declarantes’, para imponer y transigir con una solución que pudo evitarse si Sánchez, Bolaños, Calviño, Yolanda Díaz, María Jesús Montero, Raquel Sánchez, los ministros que deben ocuparse de la ‘res publica’, y los agentes sociales que deben procurar la concordia social hubieran hecho o pretendido lo que, se sabía, era necesario, antes de la Huelga de Transportistas.