El Consejo de Estado (CdE) es el supremo órgano consultivo del Gobierno de España, según establece el artículo 107 Constitución. Lo concreta la Ley Orgánica 3/1980, en 26 artículos y cuatro disposiciones finales, en los que, entre otras cosas, precisa: Ejerce la función consultiva con autonomía orgánica y funcional para garantizar su objetividad e independencia de acuerdo con la Constitución y las Leyes (Art. 1, apdo. 2). La consulta de Consejo será preceptiva cuando en ésta o en otras leyes así se establezca, y facultativa en los demás casos (Art. 2, apdo. 2). Los dictámenes del Consejo no serán vinculantes, salvo que la Ley disponga lo contrario (Art.2, apdo. 3). Emitirá dictamen en cuantos asuntos sometan a su consulta el Gobierno o sus miembros… (Art. 20, apdo. 1). El CdE en Pleno deberá ser consultado en los siguientes asuntos: 1 Proyectos de Decretos Legislativos… (Art. 21). La Comisión Permanente del CdE deberá ser consultada en los siguientes asuntos: … Reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de las Leyes, así como sus modificaciones. Todo asunto en que por precepto expreso de una Ley haya de consultarse al CdE en Comisión Permanente (Art. 22, apdo. 18). Todo asunto en que por precepto de una Ley haya de consultarse al CdE y no se diga expresamente que debe ser al Consejo en Pleno (Art. 22, apdo. 19).

El Consejo de Estado es, pues, un órgano independiente que usa el Gobierno para recabar información jurídica antes de tomar decisiones. En el caso que hoy nos ocupa, el Real Decreto-ley 36/2020, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Así se llama el Plan para el control y reparto de los Fondos Europeos, que prevé 140.000 millones de euros para España), hay un informe del Consejo de Estado al Gobierno. No importan los principios usados para solicitarlo, ni si lo ha pedido el Presidente del Gobierno o algún ministro, pero el informe existe, el Gobierno no lo ha hecho público y la ofertada transparencia, a la que ahora apelan la Oposición y la Prensa, brilla por su ausencia.

Con ello, nacen tres preguntas, acaso buscadas por el Gobierno en su beneficio, que ocupan la atención de la Oposición, Prensa y analistas: ¿Qué hacer para conseguir que el Gobierno lo haga público?, ¿Por qué lo oculta?, ¿Qué dice el informe? Aunque no independientes porque van unidas, sigamos un orden para entrar en ellas:

¿Qué hacer para conseguirlo?: Nada. El Gobierno usa el CdE como le conviene y es independiente. Por eso, no es posible ni hay arma legal para obligar al Presidente y ministros a que publiquen la contestación a sus consultas. Se puede usar, se usa ya por la Oposición y en algún medio de información, el demérito que produce la opacidad, pero ante el Gobierno actual, en el que la mentira es hábito, ese demérito no importa. No obstante, se están empleando algunas prácticas para conocer qué opina el CdE sobre el asunto; entre ellas, la petición de la Oposición a la Mesa del Congreso de los Diputados para que se interese en el tema puede ser la más notable. Pero, con ello, lo que se hace es entrar en un juego que favorece al Gobierno. En esta situación, con la pandemia y crisis arreciando, cualquier noticia sobre el Consejo de Estado distrae la atención de las tropelías y errores del Gobierno. Por eso, con esta distracción se alivian críticas y se fomenta el silencio informativo. Aunque no se evita la siguiente incógnita ¿Por qué lo oculta? La respuesta admite motivos tan amplios como el anterior (obviar errores del Gobierno), o la pretensión de apoyar a Vox, frente al PP y Ciudadanos, manifiesta con los halagos a Santiago Abascal de Pedro Sánchez en la última Sesión de Control al Gobierno.

Despejadas las anteriores, queda saber qué dice el informe. Sobre el contenido, aún desconocido, han aparecido un conjunto de preocupaciones y el cúmulo de circunstancias, buscadas por el Gobierno o no, que hay alrededor. En este sentido, son de reseñar tres hechos: Lo publicado por la prensa (ABC es un ejemplo). Las declaraciones de Edmundo Bal, portavoz de Ciudadanos. Y las intervenciones de diputados del PP en la última Sesión de Control al Gobierno. Nadie sabe exactamente qué dice el informe del Consejo de Estado, pero, sin saberlo, ABC, Bal y PP, coinciden: Error de Vox en relación con el Real Decreto-ley 36/2020, que aparece en el informe, que desprestigia a Vox, pone en solfa el contenido del Real Decreto-ley que logró el bodrio Frankenstein que lo apoyó, y, ¡sorpresa!, que eleva al Gobierno de Sánchez y su coaligado al altar inmaculado del apellido del vicepresidente del Gobierno. Al respecto, se especula con la confidencia de una fuente común, que filtra parte (la que interesa) del posible contenido del informe. Para alerta de interesados, según unos. Cultivo y abono de cizaña entre la derecha constitucional, según otros. Y para separar los problemas y tribulaciones que el Gobierno ha creado o no ha sabido atajar del ambiente que se respira junto a los Fondos Europeos.

Se ha construido, así, con el beneplácito del Gobierno, un andamiaje informativo que llena todo, o casi todo, hecho con maniobras varias, conocidas u ocultas, de distracción-confusión a la vera-espera de los Fondos Europeos. Mientras tanto, el Gobierno de Coalición, libre de mácula, asunto en los altares y libre de obstáculos, condiciones y condicionantes: Al acecho.