El Gobierno ha transmitido a la Comisión Europea el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030. El PNIEC se ha presentado como un primer plan para recuperar la economía de la recesión provocada por el Covid-19, un virus invisible que ha paralizado la actividad económica. Algunos medios han llegado a calificarlo como la primera iniciativa del Plan Marshall que el Gobierno ha reclamado a Bruselas. Nada que ver con la realidad.
Los principales datos del PNIEC no han variado con respecto al borrador de 2019. Su impacto en el PIB será del 1,8% en 2030, 0,18% anual. El impacto en el empleo se mantiene entre 253.000 y 348.000 empleos, cifra inferior a las previsiones que se hicieron en los planes de renovables y eficiencia energética 2011-2020, que fijaron en 200.000 los empleos directos e indirectos en el sector renovable y 500.000 en el de la eficiencia energética, si se cumplían los objetivos para 2020; pero las políticas de destrucción de estos sectores llevada a cabo por los gobiernos de la última década lo han impedido.
Se prevé una inversión de 241.000 millones de euros en los próximos diez años, de los que el 80% será inversión privada y el 20% pública, repartida entre las administraciones central, regional y local, más los fondos europeos. El esfuerzo principal corresponderá a la iniciativa privada. Sólo las grandes eléctricas y petroleras están en disposición de asumir ese reto. Ya han anunciado inversiones en renovables por más de 11.000 millones, han sufrido un menor deterioro en la bolsa, este año repartirán 5.500 millones en dividendos, están incluidas en los programas de compra de deuda del BCE y ya han colocado 3.650 millones en bonos.
El PNIEC prevé la instalación de 59 GW de energías renovables. Al no desagregar entre instalaciones renovables a gran escala y renovables distribuidas o pequeñas instalaciones, ni establecer objetivos cuantificados de energía flexible, todo indica que ese objetivo se alcanzaría a través de grandes instalaciones eólicas y solares, al alcance solo de grandes inversores, dejando la generación distribuida en una mayor indefinición. La clave está en la regulación que acompañe el desarrollo del PNIEC, como las subastas aún por definir.
El CO2, la otra pandemia invisible
El objetivo principal del PNIEC es la reducción de emisiones un 23% sobre la base de 1.990. Un objetivo por debajo del 40% que exige el Acuerdo de París y la Unión Europea.
La crisis del coronavirus reducirá las emisiones; pero ofrece la oportunidad de que ese descenso se convierta en un fenómeno estructural, elevando los objetivos de reducción de emisiones con medidas más decididas que las adoptadas hasta ahora.
Superar los impactos del coronavirus exige un plan mucho más ambicioso que el PNIEC para combatir la otra pandemia invisible que es el cambio climático.
Sería imperdonable que el espejismo de la reducción de emisiones por el confinamiento conlleve un retorno a la pereza climática y a relajar las políticas que hasta ahora no han pasado de meros anuncios. La anulación de la COP 26 en Glasgow, la Ley Europea del Clima sin objetivos para 2030 o que la Comisión Europea hable de flexibilizar los PNIEC, y los planes de transición justa es un mal presagio para estirar aún más una economía basada en la destrucción del planeta.
La sombra alargada del déficit tarifario
El confinamiento ha provocado la caída de la demanda eléctrica y un aumento de la participación de las renovables en el sistema eléctrico, que automáticamente ha rebajado el precio de la luz en el mercado mayorista y en la factura de los usuarios. El modelo centralizado, basado en la oferta de grandes plantas de generación, ha traído una pérdida de rentabilidad de las instalaciones renovables y la reducción de los ingresos del sistema.
Regresará el déficit tarifario y puede que también los prejuicios contra el ahorro de energía, las renovables o el gas como energía limpia y la vuelta atrás de los cierres del carbón y las nucleares.
La inactividad ha reducido la contaminación atmosférica y demostrado que el tráfico y el motor de combustión son la mayor amenaza para el clima y la salud. El director de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, ha propuesto que los planes de reactivación económica incluyan la transición hacia las renovables suprimiendo las ayudas a los combustibles fósiles y destinando el ahorro a inversiones en los sistemas sanitarios y a energías renovables para aumentar la flexibilidad del sistema energético.
La energía flexible solo la proporcionan las renovables a través de la generación distribuida con autoconsumo, almacenamiento y puntos de carga inteligente para el vehículo eléctrico en los edificios, es decir, la gestión inteligente de la demanda. Las renovables distribuidas o las instalaciones de autoconsumo no se verán afectadas por el abaratamiento de los precios de la energía por su mayor eficiencia; por el contrario, lo podrán trasladar a los usuarios.
La recuperación exige un PNIEC que cumpla el Reglamento (UE) 2018/1999 sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y la Acción por el Clima
No es coherente que con unos objetivos más elevados que los que pide la UE, 42% de renovables y 39,5% de eficiencia energética, se alcance solo un 23% de reducción de emisiones, cuando el compromiso es del 40%. Se reducirían 65,8 millones de toneladas de GEI, pasando de los 287 millones de 1990 a 221 en 2030. En 2017 España alcanzó 340,2 millones de toneladas de CO2, por lo que alcanzar el 23% implicaría una reducción de 119 millones. Y sólo reduciríamos las emisiones un 35% en 2030.
El PNIEC propone rebajar un 39% las emisiones en los sectores difusos. Se trata de un objetivo muy exigente que no se corresponde con medidas adecuadas.
Para el sector del transporte el objetivo es más exigente aún, 33% de reducción de emisiones, 28% de renovables y en 2040 los nuevos vehículos sean cero emisiones. Pero, así como se cifra en cinco millones el número de vehículos eléctricos en 2030, no hay objetivos de puntos de recarga en los edificios, como obligan las directivas europeas que apuestan por la carga inteligente donde la gente vive o trabaja y no en gasolineras y autovías.
La gobernanza de la UE establece que el PNIEC ha de tener objetivos de flexibilidad del sistema energético a través de generación distribuida, comunidades de energías renovables, agregación, redes inteligentes, gestión de la demanda, almacenamiento y señales de precio en tiempo real que garanticen la participación de los consumidores en el sistema energético y se beneficien del autoconsumo y los contadores inteligentes.
El PNIEC cita estos conceptos, pero no establece objetivos cuantificados de capacidad de energía flexible, generación distribuida, autoconsumo en los tejados o energía almacenada en las baterías de los vehículos eléctricos.
El reglamento sobre la gobernanza establece procedimientos de participación ciudadana para que el público disponga de toda la información y participe a través de consultas públicas y plataformas de diálogo multinivel.
Se trata de que la ciudadanía, la sociedad civil, empresas y entes locales participen y propongan sus iniciativas. El PNIEC se ha enviado a Bruselas sin cumplir estos procedimientos.
Un PNIEC ambicioso no es el que se limita a enunciar los conceptos de las directivas europeas sino el que propone incorporarlas al ordenamiento jurídico y a la regulación energética; porque significan una apuesta por la generación renovable distribuida en beneficio de los consumidores y la economía sostenible.