El portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, ha admitido este miércoles que se están llevando a cabo negociaciones entre el Ejecutivo castellano-manchego y el Gobierno central para resolver las discrepancias relativas a la ley regional para una Sociedad Libre de Violencia de Género, promovida por la alcarreña Araceli Martínez y que fue aprobada por unanimidad el pasado año en las Cortes de Castilla-La Mancha.
Estas negociaciones serían "el paso previo para evitar llegar a los tribunales" por este asunto, aunque ha considerado "un obstáculo" tener que revisar "aspectos técnicos mínimos de una ley en la que todos estamos de acuerdo".
Hernando, a preguntas de los medios durante la rueda de prensa ofrecida este miércoles para dar cuenta de los asuntos aprobados en el Consejo de Gobierno, ha insistido en que el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez pretende cambiar "cuatro comas" de la ley, una modificación que ha tildado de "irrelevante" y "una cuestión técnica que, políticamente, resulta muy difícil de comprender".
"Me gustaría que no pudiéramos generar ni una sola duda sobre la ley más avanzada contra la violencia de género en Europa", ha continuado, advirtiendo que "la manera más fácil" de evitar dudas competenciales sobre esta norma es "que lo legisle el Gobierno de España".
Asimismo, ha incidido en que el hecho de que el Gobierno de España pueda recurrir en los tribunales esta ley no significa que este lleve razón, recordando cómo el Tribunal Constitucional avaló la ley antifracking de la Comunidad Autónoma a pesar de que esta fue recurrida por el Gobierno entonces presidido por Mariano Rajoy.