En toda Guadalajara, como en el resto de la provincia eclesiástica de Toledo, este 29 de mayo toca escuchar en las iglesias, durante la misa dominical, un alegato contra la Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI de Castilla-La Mancha. La archidiócesis de Toledo, Primada de España, y las diócesis de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Sigüenza-Guadalajara hablan este con la misma voz, que es lo mismo que leer el mismo comunicado oficial, para que el magisterio quede claro.
«El planteamiento antropológico que subyace en esta ley es contrario a la enseñanza del Magisterio de la Iglesia sobre la naturaleza del ser humano y no responde a lo que afirma la ciencia, la cual sostiene que la identidad sexual tiene su fundamento principal en la biología. En definitiva, esta ley pretende ser una visión que contrasta tanto con la fe como con la razón, con consecuencias sobre la esencia de la familia. Dios nos ha creado hombres y mujeres, y la diferencia entre ambos es una verdad«, afirman los obispos.
Según el comunicado, «la visión antropológica cristiana parte de la sexualidad como un elemento constitutivo de la personalidad derivado del diseño de Dios. La libre determinación de la personalidad no puede ser contraria a la verdad ni ser manipulada hasta el extremo de olvidar o ignorar lo que el ser humano es. Aunque, ciertamente, se parte del respeto de cada persona y de la coincidencia de voluntades en la lucha contra cualquier expresión de injusta discriminación, la luz de la verdad exige exponer con claridad esta visión».
Críticas a la ley
«Los obispos nos sentimos obligados a manifestar nuestra preocupación por la reciente aprobación de la Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI en Castilla-La Mancha. La citada ley, a pesar de que declara que tiene como principal finalidad evitar situaciones de discriminación y violencia contra las personas que denomina como ‘LGTBI’, también se orienta a implantar en la sociedad una concreta forma de entender la naturaleza del ser humano, en la cual se parte de la separación entre el sexo con el que se ha nacido y con el que la persona se identifica, entre el sexo con el que se ha nacido y la elección personal de la orientación sexual. De hecho, la inmensa mayoría de los preceptos de la ley tienen por objeto incorporar la perspectiva de género de manera transversal y promover las medidas en materia LGTBI en todos los sectores de la sociedad –Administración Pública, bienestar social, ámbito familiar, educativo, sanitario, cultural, económico, medios de comunicación, protección ciudadana y ámbito rural– y para toda la población de nuestra región», plantean.
Supuesta discriminación
«La ley introduce un importante régimen sancionador, con multas de 3.001 a 30.000 euros para sus infractores, con la prohibición para entidades o personas de recibir subvenciones o, incluso, la inhabilitación temporal, cierre o suspensión temporal del servicio, actividad o instalación durante un año. Además, se invierte la carga de la prueba; es decir, corresponderá a quien se atribuye que ha discriminado a personas LGTBI la aportación de una justificación probada, objetiva y razonable de las medidas supuestamente discriminatorias». Por esta razón, los obispos declaran en el comunicado que «animamos a todas las personas que lo deseen, lean atentamente la ley y la valoren en conciencia por sí mismas».
«Apoyamos toda iniciativa que favorezca la igualdad real y evite la discriminación que puedan sufrir las personas por razón de sexo, raza, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, como expresa nuestra Constitución. Apoyamos igualmente las medidas, siempre necesarias, que ayuden a evitar la violencia contra personas y colectivos por esos u otros motivos. La Iglesia, como institución, desea estar siempre al lado de las personas que sufren. Con este fin, promueve proyectos concretos para acoger, acompañar, ayudar y, en definitiva, promover la dignidad de quienes son ‘descartados’ por la sociedad», se expone en el comunicado.
