Desde que se prometió que la ciudad ganaría por aquellos terrenos al otro lado del ferrocarril un nuevo campus universitario y un polígono industrial de alto nivel, lo cierto es que «El Ruiseñor» aún no ha echado a volar. Desde que se alcanzó el convenio urbanístico han pasado 14 años. Los trabajos en uno de los sectores apenas alcanzan al 54 por ciento, aunque ahora las expectativas son mayores, ante el interés de algún fondo para ubicar en uno de los dos sectores naves dedicadas a la logística.
Este viernes, para abrir el debate sobre la prórroga solicitada por Hercesa, el concejal Pérez Borda cometió un aparente lapsus al plantear que el Pleno estaba reunido «para velar por el interés general, para velar por el interés de los propietarios». Las alegaciones presentadas por particulares al sector SNP 07 han sido rechazadas por el Ayuntamiento. Para el sector SP pp 40, ni siquiera se presentaron.
Ahora, la nueva fecha límite es el 28 de mayo de 2022.
Como si respondiera a los puntos en común que a veces tienen la tauromaquia y la promoción urbanística, sólo se han opuesto Aike y Unidas Podemos… al igual que ocurriera minutos antes a propósito de los encierros de los toros.
Para José Morales, en esta tercera prórroga, tras la de 2014, «los argumentos vienen a ser siempre los mismos: la alta morosidad del sector, la zona de alta protección agrícola y la disposición de los terrenos», apuntaba el edil de Unidas Podemos.
Riendas, en contra
Mucho más vehemente se mostró Jorge Riendas, aparejador de profesión. «Hoy lo que vamos a votar es que el agente urbanizador hace lo que quiere (…) Esto es reírse de la ciudadanía de Guadalajara. Falta toda la disciplina urbanística en Guadalajara, que no la digo yo, que lo dice la LOTAU». Para el concejal de Aike «no es de recibo la inacción injustificada del agente urbanizador» en estas dos décadas.
Frente a todas las preguntas planteadas, con petición concreta de datos, Rafael Pérez Borda optó por no aportarlos y sí enfatizar que «esto no es un capricho de nadie», justificando la pertinencia del expediente en la profesionalidad de los técnicos municipales y en lo dictado por los tribunales de Castilla-La Mancha en esta materia.
Vox también eligió el camino de encomendarse a los técnicos. Desde el PP, Carnicero vino a reconocer que la marcha atrás no era algo posible para ninguna de la partes. «La rescisión de ese desarrollo urbanístico sería el caos». Sara Simón no entró en detalles y en la dúplica ni siquiera intervino.
