La diputada delegada de Recursos Humanos, Ángela Ambite, y la vicepresidenta tercera y diputada de Economía y Hacienda, Susana Alcalde, se han reunido con representantes de las asociaciones ADA y Las Encinas, integradas en el movimiento Plena Inclusión, que está desarrollando una campaña a nivel nacional para promover el acceso a empleos públicos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.
Durante el encuentro, las asociaciones han hecho entrega de un protocolo que busca favorecer la inclusión laboral de las personas con discapacidad intelectual. Por parte de la Diputación, se ha avanzado el objetivo de incluir en la publicación de la próxima Oferta de Empleo Público de la Institución una plaza reservada para ser cubierta por un trabajador o trabajadora con discapacidad intelectual.
En la próxima Oferta de Empleo Público
Tal como ha explicado Ángela Ambite, «durante los años anteriores la Diputación, o bien no convocó ofertas de empleo, o bien eran tan limitadas y específicas que no se cumplió la recomendación de reservar un 2% de las plazas ofertadas a personas con discapacidad intelectual», pero «en la próxima Oferta de Empleo Público, correspondiente al año 2021 y que será más amplia, sí se contempla y se está estudiando la posibilidad de incluir una plaza para este grupo de población».
Ambite también ha resaltado el compromiso del actual equipo de Gobierno con el empleo inclusivo para personas con discapacidad y del desarrollo y ha señalado que «aun no habiéndose incluido plazas de este tipo en anteriores ofertas de empleo, la Diputación de Guadalajara sí tiene contratado un servicio externo, concretamente el de auxiliares de vigilancia y control de acceso a la Casa Palacio, con Centros Especiales de Empleo de la provincia».
CAMPAÑA DE PLENA INCLUSIÓN A NIVEL NACIONAL
El movimiento asociativo Plena Inclusión, integrado por 940 entidades en toda España, está desarrollando a nivel nacional la campaña ‘Un 2% es de ley’, con el que busca el compromiso de las administraciones públicas para facilitar el acceso a empleos públicos de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, que deben enfrentarse a serias dificultades para conseguir un puesto de trabajo.
Plena Inclusión gestiona 4.000 centros y servicios en los que se presta apoyo a más de 150.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo (síndrome de Down, autismo y parálisis cerebral) y a sus familias. A través de esta gran red de solidaridad, trabaja por la mejora de la calidad de vida y defiende los derechos de estas personas en ámbitos como la salud, la educación, el empleo, la vivienda o la justicia.
