El Ministerio de Justicia ha anunciado este miércoles la apertura de una consulta pública para la confección de un censo nacional de víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo que de cumplimiento a la Ley de Memoria Histórica en lo relativo a la localización e identificación de los afectados.
El censo se articulará a través de la Dirección General de Memoria Histórica, que ha comenzado a redactar un real decreto para constituir una base central de datos "que compendie la información disponible sobre las desapariciones forzadas durante la Guerra Civil y la dictadura".
Según informa el Ministerio de Justicia en un comunicado, el objetivo es que esta base de datos "permita establecer estadísticamente la tipología de las víctimas en función a la distinta naturaleza de la represión sufrida".
"La elaboración de un censo de víctimas, junto a la actualización del mapa de fosas comunes procedentes de la Guerra Civil y la represión franquista, permitirá averiguar el paradero de miles de personas, en número imposible de calcular por el momento, cuya situación actual es la de desaparecidas, y proporcionar a sus herederos la reparación moral o de otro tipo a la que pudieran tener derecho", dice el departamento que dirige Dolores Delgado.
Además, el censo unificará los ya existentes en distintas comunidades autónomas que con carácter público o privado han ido recopilando información de desaparecidos, pero de forma y gestión dispar. De este modo, en una única base de datos se podrá visualizar a las víctimas de la guerra y la represión con las circunstancias particulares de cada caso.
Justicia recuerda que ya la ONU dijo en un informe a España que "una base de datos central es crucial para promover la transparencia, la precisión y la certeza sobre las personas desaparecidas". "Se necesita disponer de datos individuales y estadísticos, en particular con el objetivo de aclarar y distinguir entre víctimas de ejecuciones y desapariciones forzadas", decía el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas.
Para ello, los interesados pueden enviar aportaciones hasta el próximo 27 de marzo al buzón de la Dirección General, fecha en la que se pondrá fin al plazo de consulta pública.
