El Colectivo Alcázar, constituido para la defensa del patrimonio de la ciudad, ha pedido al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara la revisión y modificación del proyecto de rehabilitación de esta fortaleza. El pequeño, o gran problema, es que la petición llega cuando apenas restan unas horas para la adjudicación de las obras, en la mañana de este martes. Ante ese planteamiento de los críticos con el proyecto, el primer teniente de alcalde y concejal de Obras, Rafael Pérez Borda, sostiene que los actuales responsables municipales no van a «tolerar» poner en riesgo el monumento por «colapso de los muros» si se retrasaran los trabajos.
Desde esta plataforma consideran que la actuación prevista por el equipo de Gobierno es «altamente agresiva» para un entorno protegido, y que no supone la recuperación del edificio. Desde el otro lado, Pérez Borda asegura no entender a qué intereses puede obedecer la contestación ciudadana que ha aparecido al proyecto. Con todo, no se resiste a apuntar que «alguno de los participantes» de este colectivo «se presentó al concurso» para la redacción del proyecto, y no ganó. «Tal vez eso tenga algo que ver», ha señalado el teniente de alcalde. ¿Insidia o explicación?
Las quejas de los críticos
Para este nuevo movimiento ciudadano, la inversión de 1,2 millones de euros que se pretende llevar a cabo en esta obra, de la que un millón de euros es con cargo al 1,5% Cultural, debería centrarse en trabajos de conservación, restauración y estudio de los restos y no en construir unas rampas y muros para hacer una calle peatonal, que es como consideran que resultará los cuatro integrantes de este colectivo que han comparecido ante los periodistas.
Los críticos reconocen que después de casi 15 años sin realizar ningún tipo de intervención en el Alcázar, parecía una buena noticia la inversión de cerca de un millón euros por parte del Ministerio de Fomento a través de 1,5% Cultural. Lamentan, sin embargo, que no se pretenda ningún tipo de intervención dentro del Alcázar, ni tan siquiera en sus muros, sino que son obras que se van a centrar en poner rampas y muros de hormigón junto al edificio «para crear un acceso peatonal entre el parque fluvial del barranco y la travesía de Madrid», según ha señalado uno de sus integrantes, Javier López-Roberts.
«Es un proyecto que actúa fuera del alcázar», apuntan, reclamando al Ayuntamiento que se «repiense» el proyecto, lo revise y modifique antes de proceder a la contratación de las obras, y que elimine el conjunto de rampas y muros de hormigón y lleven a cabo el recalce de la ladera de una forma más acorde a los criterios arqueológicos y estéticamente menos agresiva, centrando la inversión en los necesarios trabajos de conservación, restauración y estudio que estas ruinas, han indicado.
Mientras, el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo ha precisado que lo que se va a realizar son una serie de muros de recalce de la cimentación que se aprovecharán para hacer una rampa teniendo en cuenta que dichos muros «están en grave peligro de colapso» si no se actúa en sus cimientos.
Pérez Borda no entiende las razones que llevan a este colectivo a mostrar tal oposición en este preciso momento, cuando este proyecto lo conocen algunas personas de esta plataforma desde 2018 ya que formaban parte de la anterior Corporación Municipal, en alusión directa a Susana Martínez, que fue concejala de Ahora Guadalajara. El antes citado López-Roberts fue uno de los más visibles en las movilizaciones para evitar la habilitación de una zona de residencia privada dentro del Palacio del Infantado, junto con Blanca Calvo y el ahora concejal de AIKE, Jorge Riendas.
¿Intereses ocultos?
Pérez Borda ha incidido en que en ningún caso se les puede acusar a los mimebros del equipo municipal de gobierno de tener «intereses ocultos», pese a reconocer que pueda haber a quien guste este proyecto y a quien no, insistiendo en que no comprende «a qué vienen estos planteamientos en el último día», teniendo en cuenta que este martes se adjudica la ejecución de la obra.
Insiste Pérez Borda en que si ahora modificasen el proyecto, no podrían acogerse a la subvención del millón de euros del Ministerio. «Se va a ejecutar para proteger nuestro patrimonio», ha enfatizado.
