De entre los muchos trabajos que se hacen cotidianamente en la Administración y que los ciudadanos no ven, uno de los más relevantes es el mantenimiento de los sistemas de información, para que no colapsen por problemas internos o por ataques externos.
En el caso del Ayuntamiento de Guadalajara, supuso un revulsivo todo lo acometido en su momento por el concejal Daniel Martínez Batanero, tristemente desaparecido. Durante su gestión, hace más de una década, quien fuera edil responsable de la informática municipal aplicó su conocimiento y dedicación a reforzar, entre otros aspectos, la estabilidad del sistema. Ahora, un proceso de novación iniciado hace un par de años, sigue dando pasos. Se pretende que todo lo relacionado con Internet, que es casi todo, funcione bien. Y a prueba de hackers.
Todo lo anterior se traduce en la creación en el Ayuntamiento de Guadalajara de un Centro de Operaciones de Ciberseguridad, integrado a su vez en la red nacional de centros de operaciones y actuaciones regidos por el Esquema Nacional de Seguridad (ENS).
Como se recoge en la memoria del proyecto, «se ha observado la necesidad de segmentar la red para limitar el impacto de seguridad que pudiera existir en alguno de esos segmentos». Y también de centralizarlo según y para qué, puesto que el citado Centro de Operaciones de Ciberseguridad tiene su ubicación física en el antiguo Edificio Negro, ese «Arriaca Digital» que aún no ha terminado de llenarse con las actividades previstas. Como se ve, aún sigue viva la famosa EDUSI que tanto esgrimió en su día Jaime Carnicero.
El problema de la movilidad
A evitar problemas de seguridad en estos últimos tiempos no ha contribuido, precisamente, la imparable profusión de los dispositivos móviles, que forman parte también del trabajo diario de muchos funcionarios municipales. Un primer intento de atenuar riesgos lo constituyó en 2017 la puesta en marcha de un sistema de gestión de dispositivos móviles, que monitoriza todos los que de este tipo dependen del Ayuntamiento.
Fue justo antes de la pandemia, en 2019, cuando los responsables plantearon un plan inicial de teletrabajo y movilidad en el puesto de trabajo, aunque sobre la base de un número de puestos infinitamente más pequeño que el que luego fue preciso por culpa del COVID.
La seguridad tiene un precio: 500.000 euros
Esa seguridad que ni se nota ni se ve pero que resulta imprescindible tiene un precio: alrededor de medio millón de euros, que parece peccata minuta a la vista de otros recientes proyectos en otras áreas. Todo, para un desarrollo que ya ha ocupado algo más de tres años y que no terminará antes de 2024. Para aliviar el coste, los fondos de la Unión Europea asumirán la mitad del total, aproximadamente.
En estos momentos ya se está enfilando la parte final. De hecho, en estos días el Ayuntamiento está buscando proveedor para los equipos requeridos para la «seguridad perimetral» del sistema.