El juez de la Audiencia Nacional que instruye el ‘caso Tándem’ ha acordado citar en calidad de testigo a una exempleada del Grupo CENYT –empresa del principal investigado, el comisario jubilado José Manuel Villarejo– que denuncia haber sufrido «presiones, coacciones y amenazas» por aspectos relacionados con esta investigación. El asunto tiene derivaciones en Guadalajara, tanto en la capital como en El Casar.
Así queda recogido en un auto emitido el pasado 21 de marzo por el juez Manuel García Castellón, al que ha tenido acceso Europa Press para LA CRÓNICA, en el que el magistrado recuerda que el 9 y 10 de marzo tuvieron entrada en la Fiscalía Anticorrupción dos escritos firmados por esta antigua empleada de Villarejo en los que manifestaba que había recibido amenazas.
El juez indica que esta persona ya declaró como testigo ante Asuntos Internos y que, según apunta parafraseando a Anticorrupción, «depuso sobre hechos concernientes a la presente causa». Así, dado que «existe una relación directa entre ella y los hechos que se investigan» y puesto que denuncia presiones por aspectos relacionados con esta investigación, el magistrado cree que «existe una conexión directa entre tal circunstancia y los delitos objeto de instrucción».
García Castellón va más allá y considera posible apreciar un delito contra la Administración de Justicia si realmente existen «cualquier tipo de coacciones, presiones o interferencias en una testigo».
EL TRIPLE FILTRO
El juez indica que en el caso de esta testigo «se cumple el triple filtro de pertinencia, necesidad y utilidad» de una declaración. Así, dice que es pertinente porque «tiene una relación directa con los hechos que se investigan, dada su condición personal como exempleada del Grupo CENYT, contratada por la mercantil Central de criterios recreativos SA».
«Por ende, se toma en cuenta que, por su desempeño profesional, ha podido tener conocimiento de aspectos relevantes para el desarrollo de esta investigación», añade.
Entiende que su declaración puede ser útil para conocer la dinámica de actuación del Grupo CENYT, «elemento de la máxima relevancia a los fines perseguidos».
Además dice que su deposición es «esencial» porque ante las amenazas y coacciones denunciadas puede servir para apreciar «si existe cualquier tipo de injerencia externa en el ánimo de la testigo, que pretenda influir sobre ella de cualquier modo ilegítimo mediante un ilícito apremio».
«Nos hallamos ante una diligencia relevante, que tiene como fin último la ratificación o ampliación de la declaración que la testigo prestó, en su día, en sede policial, pero que, a la vista de las nuevas circunstancias concurrentes se considera necesario practicar en sede judicial», añade.
EL ESCRITO DE LA EXEMPLEADA
En el escrito remitido por la exempleada a Anticorrupción, explica que fue secretaria entre 2008 y 2009 del comisario Villarejo pero que pidió la baja voluntaria de ese puesto de trabajo al «percibir ciertos hechos» que no le parecieron «normales ni legales».
Al abandonar CENYT, explica, comenzó a recibir amenazas telefónicas «por parte de la relación de Villarejo». Y relata por ejemplo un mensaje en el que le decían ‘Toma hija de puta’ y le adjuntaban un audio con disparos de arma de fuego.
La antigua secretaria explica que tras estos episodios entró en depresión y al acudir a un centro especializado se elaboró «un informe falso facultativo» que le quitaba credibilidad y que fue derivado a su médico de cabecera y a su hospital de referencia.
Denuncia que a partir de ahí fue coaccionada con un diagnóstico falso «con amenazas constantes en ingresos en hospitalarios en Guadalajara» donde, asevera, le obligaron a seguir tratamientos agresivos impropios de la depresión que sufría.
En su escrito, la exempleada también relata una suerte de secuestro que sufrió en 2018 cuando esperaba el autobús en una marquesina. «Aparece un BMW azul oscuro con un individuo que no parece ser español, parece del este de Europa (…) y me obligó a subir en los asientos traseros», recuerda sin comentar en qué acabo ese intento de rapto.
Sí que explica que intentó denunciar el hecho en la Guardia Civil pero no le recogieron la denuncia por lo que se trasladó a Madrid a una comisaría ubicada en Pio XII donde una agente de paisano le dijo que «hay policías malos».
Tras esto, añade que también en 2019 le falsearon atestados en la Guardia Civil y Policía Nacional, porque le pusieron en su boca declaraciones que nunca realizó. Y apunta a que esos atestados «delictivos» fueron elaborados con la participación de la asistenta social de servicios sociales de El Casar.
Tras dejar anotados algunos episodios más, la exempleada de Villarejo termina su escrito a Fiscalía señalando que el 9 de marzo de 2023 en urgencias de su hospital le derivaron para ingresar en la planta de psiquiatría tras recibir un diagnóstico, nuevamente falso, de una doctora por teléfono.
Esta antigua empleada de Villarejo indica en su carta que trabajó también en el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento del Ministerio de Defensa, que fue traductora para la Guardia Civil y la Policía, y que su familia –a la que acusa también de abusos–nunca ha sabido de sus empleos.