La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado este miércoles sus directrices sobre los niveles de contaminación del aire. Pasan por ser las únicas recomendaciones científicamente reconocidas a nivel mundial sobre la calidad del aire, cuyo cumplimiento reduciría significativamente los riesgos para las personas. Limitan a la décima parte lo que la norma española permite.
Esta nuevas directrices son también mucho más estrictas que las precedentes y, con esos parámetros, la ciudad de Guadalajara estaría por encima de lo deseable en lo referido a presencia de dióxido de nitrógeno (NO2), contaminante directamente atribuible al tráfico motorizado.
La concentración anual recomendada de este elemento por la OMS ha pasado de 40 a 10 µg/m³ (microgramos por metro cúbico). Estos niveles contrastan, por lo reducidos, con los 120 µg/m³ diarios permitidos por la normativa vigente en España.
Un gas que propicia enfermedades
El NO2 provoca cada año en España alrededor de 7.000 muertes prematuras, según el Instituto de Salud Carlos III y la Agencia Europea de Medio Ambiente. Este gas induce enfermedades respiratorias como el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC); además, merma la resistencia a las infecciones.
Ninguna capital de España cumple
Como destacan desde Ecologistas en Acción, «los datos muestran que todas las ciudades españolas superan actualmente las nuevas guías de calidad del aire establecidas por la OMS, pese a la fuerte caída de sus niveles en 2020 por efecto de las medidas de lucha contra la COVID-19».
Como viene informando LA CRÓNICA, Madrid acaba de restablecer las restricciones para el acceso en coche al centro de la capital de España.
Un «isla» en Guadalajara que aún no ha sido presentada
En Guadalajara, hace tiempo el Ayuntamiento anunció planes para aplicar también limitaciones al tránsito rodado, aunque no se han concretado. En abril pasado lo avanzó Sara Simón, quien confiaba que durante el verano se pudiera mostrar públicamente y en detalle este plan. No se ha hecho. Fuentes municipales han asegurado a LA CRÓNICA que «se trabaja en ello» y que se presentará «en poco tiempo».
La creación de una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) viene obligada por la Unión Europea, que la exige para las poblaciones de más de 50.000 habitantes, lo cual excluye a Azuqueca de Henares. Se regula por la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética.
Las ZBE son espacios en las que la entrada a determinados vehículos queda prohibida debido a sus emisiones nocivas, permitiendo el acceso de los que sí cumplen con los mejores estándares de emisiones.
En una entrevista publicada la pasada primavera en este diario, la segunda teniente de alcalde y concejala delegada de Casco Histórico de Guadalajara, Sara Simón, se mostraba confiada en que este mismo verano pudieran presentar el «ambicioso» plan que el equipo de Gobierno prevé para la zona centro, un proyecto que busca «devolver el verde» a este espacio de la ciudad y convertirlo en «una isla medioambiental a ejemplo de Madrid Central».
Un plan que, en todo caso, apuntaba Simón, nace con «miras largas», para varias legislaturas. Admitiendo que «va a ser una misión difícil», porque la zona centro es hoy «puro granito y hormigón», sostenía que ya han comenzado a dar los primeros pasos, no descartando plantearse reformas estructurales que conlleven hacer nuevas zonas peatonales. No obstante, reconocía que aún no había nada al respecto.
«Convertir el casco en una zona baja de emisiones de CO2 no se consigue de un día para otro, pero hay que sembrar las bases y, lo más importante es querer hacerlo», apostillaba Sara Simón en la misma entrevista.
Habría hasta 4 millones de euros del Estado para reducir la contaminación en Guadalajara, si se piden
En el pleno del pasado mes de junio, el concejal de Unidas Podemos-Izquierda Unida, José Morales, planteó de forma muy detallada la cuestión y animó a que la Corporación aproveche las importantes ayudas que el Estado prevé para la implantación de las Zonas de Bajas emisiones.
La convocatoria del «Programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano», planteada desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, estará dotada con 750 millones de euros este año y en 2022, con la misma cantidad.
Dentro de esa convocatoria se abonará un 80% de los gastos, por lo que el Ayuntamiento tendría que abonar sólo la parte restante. En función de la población de la ciudad y sumando las dos líneas a las que el municipio podría acceder la cantidad subvencionable para estos fines puede rondar los 4 millones de euros, a lo que habría que sumar el millón del 20% de la parte del Ayuntamiento, según calculaba el edil.
Además, existe la previsión de una línea ICO que sería compatible con las subvenciones «que incluso podría servir para dotar ese millón de euros de presupuesto municipal para actuaciones que se pueden desarrollar hasta 2024. No parece, por tanto, que con esos plazos y con la posibilidad de un crédito del Instituto de Crédito Oficial hubiera dificultades para afrontar la parte municipal de los gastos», razonaba Morales.
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