Los sindicatos CCOO y UGT, así como partidos y colectivos sociales de Guadalajara y el Corredor respaldarán este sábado, día 26, a los ocho activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que Guadalajara, que irán a juicio el día 30. La cita convocada es una concentración, convocada a las 12 del mediodía, en la Plaza del Jardinillo.
Sindicatos, Podemos e Izquierda Unida han suscrito un manifiesto de apoyo a estas ocho personas, para las que se solicita penas de prisión por una protesta, hace años, en una sucursal de CaixaBank en Cabanillas del Campo.
La Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara ha convocado ese acto, que se llevará a cabo frente a la sede central de la entidad. La concentración se repetirán el miércoles 30 de noviembre a las nueve de la mañana.
Según recuerda la Plataforma, en diciembre del año 2017 los activistas encausados trataron de paralizar el desahucio de una vecina de Cabanillas del Campo y sus dos hijos. Ahora, cinco años más tarde, ocho de ellos podrían enfrentarse a penas de prisión que van de uno a tres años y siete meses de cárcel, acusados de delitos de allanamiento de establecimiento, resistencia a la autoridad, desobediencia, coacciones y desórdenes públicos.
La Plataforma ha denunciado que el banco se había comprometido verbalmente a paralizar el desalojo a la espera de que se negociara un alquiler social, por intermediación del Ayuntamiento de la localidad, pero se negaron a dejar por escrito los términos de este compromiso, por lo que los activistas decidieron acudir a la sucursal a pedir los papeles necesarios para ayudar a la mujer. Mientras, las viviendas habían sido entregadas a una gestora que, sin embargo, empezó a «hostigar y acosar» a las familias.
«La respuesta de CaixaBank ante la aparición de los activistas en su sucursal, fue llamar a la Guardia Civil, que posteriormente se llevaría a los presentes detenidos y para los que se piden ahora penas de cárcel, tanto por parte del fiscal como por la acusación particular –el banco–. Sin embargo, no se menciona en ningún momento del atestado ni en las declaraciones de los agentes que la jornada se saldara con actos violentos».
Es más, uno de ellos declaró durante la instrucción judicial que «no se enfrentaron de forma verbal ni violenta» y que «fue una resistencia pasiva». A requerimiento del Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara, Caixabank fue instada a que aportara las cámaras de seguridad del día de los hechos, «pero la entidad procedió a borrarlas antes de ser entregadas», aducen desde PAH.
Al juicio acudirá Amnistía Internacional como observadora, para asegurarse de que se cumplen todas las garantía. En el caso de que no se llegue a la absolución, han anunciado que agotarán todas las instancias judiciales españolas hasta llegar, si es necesario, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.