Ha sido en su blog donde el alcarreño Javier García Breva ha dado la voz de alarma sobre la creciente especulación que se está generando en España con las energías alternativas. La entrada que acaba de publicar no tiene desperdicio y por eso LA CRÓNICA la publica en su integridad. 

Que esta reflexión técnica venga firmada por quien fue responsable del IDAE y alto responsable político en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha durante varios años coincide, además, con los movimientos que se están dando, incluso en la provincia de Guadalajara, con la fotovoltaica. De hecho, además de anuncios recientes de grandes operaciones en la comarca de Trillo aún es reciente la inauguración de un parque instalado en El Casar, con presencia y apoyo de las autoridades.

El texto de García Breva es el siguiente:
 

La maldición de las renovables especulativas

11 noviembre, 2019 Por Javier García Breva

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) prevé una inversión de 236.000 millones de euros y la creación de 364.000 empleos para conectar más de 55 GW de nuevas instalaciones renovables y 6 GW de almacenamiento. El plan, tal como se presentó en febrero de 2019, se está convirtiendo en un “Green New Deal” para especuladores nacionales y extranjeros, con el agravante de que, con un objetivo de reducción del 20% de las emisiones, incumple el compromiso de España con el Acuerdo de París de reducirlas un 40% en 2030.

El PNIEC ha reactivado la especulación renovable iniciada con las subastas de 2016 y 2017. Es un plan más orientado a grandes proyectos de renovables y almacenamiento que a pequeñas instalaciones de generación distribuida y gestión de la demanda, es decir, dirigido a grandes inversores y no a la eficiencia energética ni a los consumidores.

El origen de la burbuja especulativa de las renovables

Si en 2017 se invirtieron 1.000 millones de euros y más de 6.000 millones en 2018, en el primer semestre de 2019 la inversión renovable se ha triplicado y ha sido un 235% superior a la del mismo periodo de 2018. Este crecimiento ha adquirido la forma de una nueva burbuja con características que el PNIEC ha propiciado al definir un modelo de renovables vinculado a un sistema eléctrico centralizado:

1. Las solicitudes de acceso y conexión hasta septiembre de 2019 suman 181 GW. REE ha autorizado la mitad: 91,3 GW. La cantidad triplica la potencia actualmente conectada a la red y casi duplica el objetivo para 2030. REE aún debe pronunciarse sobre 43,4 GW.
2. Las solicitudes denegadas por REE son más de 46 GW. Las razones, principalmente, se han debido a falta de capacidad en los nudos de conexión a la red por la avalancha de nuevas instalaciones.
3. Las autorizaciones de REE han dado lugar a un mercado especulativo de compra venta de derechos de conexión. La especulación con los derechos de conexión se creó a partir de las subastas de 2016 y 2017 y ha continuado con las solicitudes que se siguen presentando.
4. Las eléctricas y grandes inversores provenientes del capitalismo concesional, origen de la corrupción en España, se adjudicaron la mayor parte de los más de 8.100 MW subastados en 2016 y 2017. Se orientaron principalmente a grandes instalaciones de eólica y fotovoltaica que deben conectarse antes de que acabe 2019. A las eléctricas se han sumado las petroleras que han entrado en el mercado renovable reconvertidas en eléctricas convencionales y acumulando activos renovables.
5. La CNMC ha pretendido, en su propuesta de Circular de acceso y conexión, poner freno a este furor especulativo exigiendo mayores garantías a los proyectos renovables de más de 100 kW y estableciendo un procedimiento simplificado para las instalaciones de generación y autoconsumo de menos de 100 kW. El Gobierno ha considerado que se trata de una intromisión en sus competencias, evitando cualquier medida contra la especulación.
6. “Forestalia y ACS, los ganadores de las subastas de renovables que se están forrando bajo el modelo especulativo”. Este titular de un periódico digital bastaría para que hubieran actuado los poderes públicos. Pero no ha pasado nada. El mecanismo de las subastas permite que los adjudicatarios vendan sus derechos para hacer caja sin instalar ni un solo kW o asociarse con fondos de inversión, eléctricas o fabricantes para financiar la inversión que ellos solos no podrían ejecutar.
7. Como consecuencia, las operaciones corporativas de compra venta de activos en el sector renovable se han multiplicado en los dos últimos años y no han parado de crecer junto con el aumento de la inversión renovable y el valor de los activos.
8. La especulación frena la ampliación de capacidad de red para instalar más renovables y las pequeñas instalaciones, proyectos de pequeños inversores, cooperativas, entes locales o explotaciones agrarias son los más perjudicados, dado el control de las eléctricas sobre los puntos de conexión.
9. Con la especulación y la apuesta por el modelo energético centralizado se inicia el espectáculo de las grandes plantas fotovoltaicas. Las instalaciones cuanto más grandes mejor; y así se hacen plantas de 500 MW, de 175 MW, de 328 MW o de 800 MW en Murcia, Castilla-La Mancha, Extremadura o Andalucía, de la manera más ineficiente, cara y ajena a los intereses del sistema y de los consumidores.
10. Asociaciones empresariales, como CECOT o ANPIER, han denunciado cómo este modelo, a diferencia de lo que sucede en Alemania, Francia o Italia, hace que la generación renovable, especialmente la fotovoltaica, se concentre en muy pocas empresas y fondos de inversión. Esa concentración favorece la construcción de macro parques, que saturan los nudos de conexión y encarecen los precios de la energía por sus mayores costes en pérdidas, transporte y distribución.

Energía centralizada o distribuida

“Hacer más renovables con un modelo energético centralizado es una ineficiencia ya que, mientras el modelo centralizado se basa en la oferta de grandes centrales de generación a través de empresas organizadas verticalmente, el modelo distribuido se basa en aproximar la generación a los centros de consumo y a la gestión de la demanda, ahorrando inversiones, costes y abaratando el precio de la energía.”

“Mientras las centrales de generación y su rentabilidad son el centro del modelo centralizado, el consumidor es el centro del modelo distribuido”

Las directivas europeas del “paquete de invierno” representan una apuesta por un modelo energético distribuido basado en la participación de los consumidores activos en los mercados energéticos, beneficiándose de las ventajas del autoconsumo y de los contadores inteligentes:

1. Los Estados miembros deberán establecer objetivos de flexibilidad del sistema eléctrico.

La generación y la demanda de energía flexible solo la pueden crear los consumidores activos a través del autoconsumo con almacenamiento en los tejados de edificios y viviendas, de la interacción con sus contadores inteligentes, del vehículo eléctrico que intercambia energía en la red, de microrredes, de redes inteligentes, de los edificios de consumo casi nulo y de las comunidades de energías renovables.

2. El despliegue eficiente de energías renovables se establece con la creación de un marco facilitador del autoconsumo con almacenamiento, del autoconsumo compartido y de las pequeñas instalaciones renovables.

Con el autoconsumo se abre la competencia a pequeños actores y entidades locales, eximiéndolo de las licitaciones e incorporándolo a las normas y códigos de construcción por las autoridades locales y regionales, para procurar beneficios económicos, sociales o ambientales, pero nunca financieros.

3. Integración de las renovables en el urbanismo y en el transporte a través del edificio de consumo de energía casi nulo.

 Que, a partir de 2021, según las zonas climáticas, deberá cubrir entre el 50% y el 100% de sus necesidades energéticas con renovables. Incluirá en todos los edificios y aparcamientos puntos de recarga para el vehículo eléctrico, aplicaciones inteligentes para la gestión de la demanda y se incorporará al planeamiento urbano.

4. La participación de los consumidores en el mercado eléctrico se hará a través de agregadores.

Los consumidores tienen derecho a contratar un agregador, independientemente del suministrador, para gestionar su demanda de energía en el mismo centro de consumo y participar en el mercado eléctrico.

Las nuevas directivas europeas contienen el guion de la transición energética. Aún falta el compromiso político de incorporarlas al ordenamiento jurídico y cumplirlas.