El fiscal jefe provincial de Albacete, Juan Francisco Ríos Pintado, ha manifestado que el motivo por el que se ha archivado la investigación por confinamiento de temporeros de Albacete se debe a una falta de claridad en la imposición de obligaciones por el acto judicial y por discusión competencial entre administraciones que tenían que hacer la sectorización de los temporeros.
Lo ha explicado en rueda de prensa donde, además, ha señalado que el primer auto en el que se acordaba un primer confinamiento de 14 días en el que además se exponían las medidas necesarias «no fue notificado ni al Ayuntamiento ni a la Subdelegación del Gobierno», exponiendo que solo fue notificado a la delegación de Sanidad.
Además, en dicho auto no se incorpora un «mandato concreto», es decir, no se indica qué institución debe llevar a cabo las actuaciones necesarias, por lo que se produce una «falta de claridad» que provoca una discusión competencial entre Ayuntamiento y Junta sobre a quién le correspondía materialmente hacer esa sectorización.
Esto se debe a una confusión puesto que desde Sanidad entienden que el Ayuntamiento es quien se encarga de gestionar los asentamientos de temporeros, mientras que por parte del Consistorio entiende que «el confinamiento lo ha acordado Sanidad, pues es Sanidad quien tiene que gestionar el confinamiento».
De esta manera el Ministerio Fiscal ha llegado a la conclusión que no se puede exigir responsabilidad por desobediencia, por lo que no procede continuar con la investigación, dejando constancia que «ambas administraciones, Junta y Ayuntamiento, cumplieron con parte de las obligaciones». El Ayuntamiento se encargó de la limpieza y la Junta de Comunidades se encargó de la alimentación y asistencia sanitaria de los temporeros.
Para su investigación se ha reunido documentación relativa al primer auto y al cumplimiento o incumplimiento del mismo, atestando documentos policiales a los que se ha unido un informe recabado de Sanidad.
