El Gobierno de Castilla-La Mancha ha remitido al Ministerio de Transición Ecológica –dentro de la Consulta Pública previa a la aprobación del Real Decreto de modificación de las normas de explotación del trasvase Tajo-Segura– un documento técnico sobre las necesidades que, a juicio de la Comunidad Autónoma, se tienen que cubrir con dicha modificación.
El documento recoge también el aval institucional y de la sociedad de la región a esos argumentos, explicitado en dos resoluciones aprobadas el pasado jueves por las Cortes regionales de forma conjunta, así como en los acuerdos alcanzados en el seno del Pacto Regional del Agua –que defendían las transferencias entre cuencas como un recurso extraordinario exclusivamente destinado a momentos de necesidad o para garantizar el abastecimiento humano–, entre otras consideraciones.
La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, tras dar cuenta de ello este jueves al presidente autonómico, Emiliano García-Page, ha informado en rueda de prensa de la propuesta elevada al Gobierno de España, del que esperan que ahora «cuanto antes» inicie el proceso de información pública «para que realmente veamos que se está avanzando y se cumplen los plazos establecidos, que en este momento ya están más que cumplidos».
Las propuestas «técnicas», como ha recalcado la titular de Desarrollo Sostenible, «se basan fundamentalmente en que se tienen que respetar en todo momento las disposiciones del Plan Hidrológico de la Demarcación Española del Tajo en lo relativo al establecimiento de caudales ecológicos», objetivo que requiere «que haya más agua desembalsada por los embalses de cabecera».
Como ha detallado, esos caudales ecológicos incrementarán a su paso por Aranjuez en un 44 por ciento el volumen de agua que ahora está pasando, en Toledo en un 72,5 por ciento y en Talavera de la Reina en un 80 por ciento con fecha 2027, objetivos que permitirían en Aranjuez 8,65 metros cúbicos por segundo, en Toledo 17,25 metros cúbicos por segundo y en Talavera de la Reina 18 metros cúbicos por segundo, frente a los 7, 12 y 12 metros cúbicos por segundo que pasan actualmente por esas tres ciudades respectivamente.
«Son incrementos sustanciales, pero que tienen que permitir que el río Tajo sea un río vivo», ha manifestado la consejera, que ha mencionado que también se deberán cumplir las cinco sentencias del Tribunal Supremo de 2019 sobre el establecimiento de esos caudales ecológicos que «no tienen vuelta de hoja».
Además, ha continuado, «es necesario tener en cuenta que hay que seguir manteniendo el principio de prioridad de la cuenca» algo que, aunque parece «que es fundamental y que parecería que se está cumpliendo», en ocasiones «no es así», refiriéndose, en este caso, a los periodos de sequía, donde «no puede haber una restricción mayor para la cuenca cedente para poder mantener sine die los trasvases a través del acueducto».
UMBRAL MÍNIMO NO TRASVASABLE
El Gobierno regional defiende en su informe que «hay que poner encima de la mesa los desembalses de referencia que no están establecidos» y que tiene que haber «un umbral mínimo de reservas no trasvasables que tiene que probablemente ser superior a esos 400 hectómetros cúbicos que están ahora mismo establecidos».
Igualmente, Castilla-La Mancha pide tener en cuenta que hay que garantizar el abastecimiento a los municipios ribereños, algo que curiosamente, ha reseñado, y pese a estar en el siglo XXI, no está garantizado en determinadas situaciones. El documento técnico también recuerda que a través del trasvase se está garantizando en estos momentos el agua a más de 300.000 personas que viven en la cuenca del Guadiana, cuenta «que está en una situación muy adversa, precisamente por la sequía».
«En el interior de la península no tenemos la capacidad que tienen en el Mediterráneo de poder contar con desalinizadoras» para permitir lograr suficientes recursos para abastecimiento y regadío, ha subrayado, lamentando que en esas otras zonas «las desalinizadoras solo las ponen en marcha cuando no se ven en otra de que no haya agua a través del acueducto Tajo-Segura y, por lo tanto, no les queda más remedio que coger el agua de la desalinizadora, pero cuando tienen a su disposición cantidad de agua a través del trasvase de tajo segura, pues no ponen en marcha la desalinizadora».
Consideraciones todas ellas que desde la Consejería de Desarrollo Sostenible del Gobierno castellanomanchego ven «suficientemente potentes para que se tengan en cuenta por parte del Gobierno de España» y que próximamente lleven a «ese documento de alcance que nos permita conocer cuáles son las consideraciones que quiere hacer el Ministerio de Transición Ecológica» para poder modificar las reglas de explotación.
RIGOR
«En nuestro caso sí que hemos sido rigurosos», algo que no han sido desde los gobiernos murciano, valenciano y andaluz, a cuyos presidentes «lo único que les hemos oído decir es que lo que hay que hacer es cargarse los caudales ecológicos del trasvase porque no les vienen bien», ha criticado Gómez.
Castilla-La Mancha tiene «el mismo derecho que ellos a tener ríos vivos, a tener ríos protegidos, a tener masas con buena calidad del agua, porque esas masas que tienen una buena calidad del agua no solo nos permiten el río, sino que también nos permiten que los ríos estén bien protegidos», ha argumentado precisado la consejera.
En último término, sobre el frente común de Murcia, Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid, presentando conjuntamente alegaciones a las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, ha destacado que «en ningún momento» ha oído a estas regiones explicar en qué consisten, «salvo en que se deje todo como está», aunque esa premisa «no se va a dar» porque el Ministerio «tiene muy claro que los caudales ecológicos han venido para quedarse».
En este sentido, ha dicho no entender tampoco el planteamiento de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pues Aranjuez también se merece que el Tajo tenga un caudal ecológico a su paso por este municipio, ha manifestado la consejera, que cree que la presidenta madrileña «está tirando piedras contra su propio tejado».
Para finalizar, sobre las críticas del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Mercedes Gómez ha opinado que lo que no quieren los regantes «es que cambie absolutamente nada», y por ello sus propuestas son «más de lo mismo» y defienden un «todo para mí, nada para los demás, nunca pensando en la solidaridad».
