La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha convocado concentraciones este viernes a las puertas de las subdelegaciones del Gobierno de todas las provincias de Castilla-La Mancha para exigir la mejora de las condiciones salariales y laborales del conjunto de empleados públicos.
El sindicato reclama la aprobación de la subida salarial de este año y el 0,5 por ciento adicional, correspondiente a 2024, que todavía está pendiente. A partir de ahí, defiende que la subida salarial se produzca de manera automática todos los años, al igual que las pensiones o la subida del Salario Mínimo Interprofesional.
Desde el sindicato advierten que los empleados públicos han perdido un 9 por ciento de poder de compra desde 2022, cuando se firmó el último acuerdo, y más de un 20 por ciento desde los recortes de 2010 con el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Así, CSIF reclama la recuperación de la estructura salarial previa a los recortes de 2010, con el cobro íntegro de la paga extra.
CSIF ya se movilizó el pasado 18 de marzo frente al Ministerio de Hacienda en Madrid y continuarán ante la incapacidad del Gobierno para sacar adelante unos Presupuestos Generales y la demora en las reformas de Función Pública, Sanidad y Educación, entre otros ámbitos.
Asimismo, CSIF también reclama la adecuación de los Grupos Profesionales; la negociación de una nueva oferta de empleo público para 2025 eliminando la tasa de reposición; implementación de carrera profesional en todas las administraciones, así como del teletrabajo; equiparación salarial entre las distintas administraciones públicas (igual trabajo, igual salario); mejora de las condiciones de jubilación del Régimen General y Clases Pasivas; la regulación inmediata para que los funcionarios y estatutarios puedan acogerse a la jubilación parcial y que se garantice la continuidad asistencial en Muface.
Este viernes protesta CSIF en defensa de los funcionarios
El sindicato reclama la aprobación de la subida salarial de este año y el 0,5 por ciento adicional, correspondiente a 2024, que todavía está pendiente. Los empleados públicos han perdido un 9 por ciento de poder de compra desde 2022
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