El análisis de las cuentas del exalcalde de Fontanar, Víctor San Vidal, y del material informático intervenido en el Ayuntamiento del municipio arrojaron un incremento patrimonial «no justificado» pero no ha quedado del todo acreditado, según los testimonios de los autores de sendos informes en el juicio contra el exedil que continúa en la Audiencia Provincial de Guadalajara. La madeja quizá se pueda desenredar algo más con la declaración del principal acusado y, previsiblemente, el lunes la del resto.
En la tercera sesión de la vista este jueves, han declarado testigos y peritos agentes de la Guardia Civil y participantes en la investigación de unos hechos por los que se le acusa de malversación de fondos públicos, prevaricación y falsedad durante varios años de su etapa en la Alcaldía.
De forma inesperada, la Defensa ha cobrado un gran protagonismo, al rebatir sin problemas y en varias ocasiones las aseveraciones de la parte pericial, colocando a los peritos en una difícil situación al no haber sabido ratificar, en distintas ocasiones, su propio informe, a las preguntas del fundamento de sus manifestaciones.
Desde la Defensa se ha dado a entender que en el caso de alguno de los peritos se ha realizado un informe basándose en unos datos que no han sido chequeados o comprobados y que, por lo tanto, tenían lagunas.
Entre los agentes que han declarado, el autor del informe del material informático intervenido en el Ayuntamiento de Fontanar así como del que ha analizado las cuentas del alcalde, coincidiendo ambos en haber encontrado en este estudio algunas irregularidades, aunque en el segundo caso, no ha sabido justificar los motivos de sus aseveraciones.
Una causa en la que junto a este exalcalde, que dejó el pasado año la Alcaldía a raíz de un video en el que se le veía llamando «retrasada mental» a una empleada municipal, se juzga a otras cuatro personas: el director del Centro de Formación y Vivero de Empresas, A.V.R.; la secretaria interventora del Ayuntamiento, A.M.C.C.; M.A.J.B., madre del jefe de Protección Civil; o su hijo y responsable de Protección Civil, M.C.J., para quienes se piden penas que van entre 2 años y medio y cinco años de prisión.
En el caso del exalcalde, según el informe emitido por varios de los agentes de la Guardia Civil que ha prestado declaración y que han intervenido en las diligencias de esta investigación, se puede considerar que hay algunos indicios de irregularidades tanto en referencia a la convocatoria de unos cursos por los que se recibió subvención –pero que no se dieron– como por el ingreso de algunas cantidades en la cuenta personal del alcalde en vez de en la del Ayuntamiento.
Según ha declarado uno de los agentes, les llamó la atención que había facturas de empresas que tenían el mismo número y un número de cuenta que no correspondía al Ayuntamiento sino que iban a la cuenta personal del alcalde.
Respecto a los cursos que se dieron por realizados, utilizando para ello una subvención de la Diputación y que no se hicieron, varios agentes han coincidido en que no solo no se hicieron sino que le resultó curioso que entre el alumnado figurara una mujer de 68 años cumplidos, que ya había superado la edad de jubilación, otro que no estaba desempleado y también el jefe de Protección Civil, imputado en esta causa, su mujer, y un concejal, considerando que «los que aparecían como alumnos eran como un círculo cerrado».
«NO ERAN FACTURAS BUENAS»
Una vista en la que también otro de los agentes encargados de la investigación de las cuentas del alcalde ha detectado pagos injustificados en la del alcalde, por valor de al menos 6.901,81 euros, entre junio de 2015 hasta el 2019.
«A nuestro juicio, las facturas no eran buenas, tenían el mismo número. Tomamos declaración al teniente de alcalde y dijo que no sabía, pese a que él las mandaba a las empresas», ha remarcado uno de estos agentes, no constándole que la secretaria interventora se llevara «ni un céntimo», pero sí que no estaba auditando correctamente las cuentas.
Una investigación de la que también se ha concluido que el jefe de Protección Civil realizaba funciones que no eran propias de este puesto.
Por su parte, otro de las agentes encargado de investigaciones patrimoniales y encargado de analizar las cuentas del alcalde así como del jefe de Protección Civil, ha reconocido la existencia de «ingresos injustificados», algunos en metálico y otros –transferencias de dudosa procedencia, entre ellas, dietas estando de baja– que se traducen en un incremento patrimonial en la cuenta no justificado en el caso del año 2017 de 5.013 euros.
PERITOS NO PUEDEN RATIFICARLO
Sin embargo, en representación del exalcalde de Fontanar, su Defensa ha rebatido sin problemas y en varias ocasiones las aseveraciones de la parte pericial, colocando a los peritos en una difícil situación al no haber sabido ratificar, en distintas ocasiones, su propio informe, a las preguntas del fundamento de sus manifestaciones.
Desde la Defensa se ha dado a entender que en el caso de alguno de los peritos se ha realizado un informe basándose en unos datos que no han sido chequeados o comprobados y que, por lo tanto, tenían lagunas.
