El consejero de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Escudero, ha aprovechado la celebración este 15 de marzo del Día Mundial de los Derechos de las Personas Consumidoras para abogar por un consumo responsable en plena crisis sanitaria.
En un artículo de opinión remitido a los medios, el titular de Desarrollo Sostenible apela a que es tiempo de «asumir el liderazgo preciso que permita transitar de la sociedad de consumo actual a una sociedad de personas consumidoras plenamente implicadas en dotar a sus decisiones de compra de un valor de sostenibilidad, tanto económica como ambiental y social».
Y por ello, «con este convencimiento, en estos momentos de dificultad por la crisis del coronavirus, no hay que dejar pasar la oportunidad como administraciones de apelar a la corresponsabilidad social de las personas consumidoras».
En primer lugar, haciendo un llamamiento a la calma, «ya que no hay riesgo de desabastecimiento y urge asimilar que la compra compulsiva, por pánico, puede convertirse en una amenaza añadida en nuestro afán de superar, de forma tranquila y ordenada, la prueba a la que nos estamos viendo sometidos todos».
Escudero ha hecho referencia a la Ley del Estatuto de las Personas Consumidoras aprobada el pasado año en la región que «habilita para tomar las medidas que sean necesarias para garantizar a todos los ciudadanos de la región el acceso y suministro a los productos básicos.
«Es un momento para todos muy importante para contribuir desde nuestra responsabilidad a vivir unas semanas con calma, de evitar cualquier situación de tensión, de consultar solo y exclusivamente información oficial y, por supuesto, de evitar la compra compulsiva», ha aseverado.
En Castilla-La Mancha, ha recordado, «se puede presumir de ser la primera comunidad autónoma que aprueba una norma para prevenir el desperdicio alimentario y el aprovechamiento eficiente y seguro de los excedentes alimentarios».
Con todo, ha recordado que su equipo ya está trabajando para impulsar un marco normativo «para la contratación y el consumo desde las administraciones públicas con criterios éticos y de sostenibilidad, que contemple aspectos como la promoción del uso de productos y suministros de origen renovable, el fomento del comercio justo, la prevención de residuos o la reducción del desperdicio alimentario en centros y recursos públicos en el marco de una estrategia regional que se impulsará en próximas fechas, con la creación del Foro regional para la prevención del desperdicio alimentario».
