«Interrumpir voluntariamente el embarazo va a estar garantizado en todos los hospitales públicos», afirmaba hace ya muchos meses Irene Montero, ante la Comisión de Igualdad del Congreso. La frase, si se cumple en toda su extensión, tendrá una consecuencia directa en Guadalajara, en cuyo hospital público no se practican abortos por falta de facultativos que estén dispuestos a hacerlo. Los médicos implicados se niegan, apelando a la cláusula de conciencia.
La situación debería cambiar a partir de ahora, sobre si tenemos en cuenta que este martes el Gobierno aprueba, en el Consejo de Ministros, la reforma de la Ley del aborto impulsada por la ministra de Podemos. Entre otras medidas, se permitirá abortar sin permiso paterno a las menores de 16 y 17 años, se recoge el acceso gratuito a la píldora del día después y se garantiza el acceso a la interrupción del embarazo en toda la red hospitalaria pública.
Esta norma vio la luz verde del Ejecutivo en el mes de mayo y, tras recibir los informes preceptivos de la Fiscalía, CGPJ y Consejo de Estado, así como las aportaciones de otros ministerios, regresa al Consejo de Ministros para culminar esta primera fase de su tramitación, antes de pasar al Parlamento.
Aborto desde los 16 y sin interferencia paterna
Entre los puntos más destacados de esta reforma está la medida que permite a menores a partir de los 16 años a poder interrumpir su embarazo de forma voluntaria sin el permiso de sus progenitores; además, elimina los tres días obligatorios de reflexión e incluye una baja incapacitante por interrupción voluntaria del embarazo, además de un servicios de asistencia y acompañamiento integral y especializada.
Del mismo modo, garantiza la objeción de conciencia, que se regula del mismo modo que en la Ley de Eutanasia para asegurar que siempre habrá personal disponible para la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Además, la norma recoge que para quien se declare objetor, será de aplicación en la sanidad pública y privada.
Entre las medidas que recoge esta norma está también que los centros de salud y centros servicios de salud sexual y reproductiva despacharán la píldora del día después de forma gratuita.
Guadalajara aborta en Madrid
El caso de Guadalajara y la ausencia total de interrupciones de embarazo, aunque paradigmático, no es una excepción. De hecho, se calcula que solo el 15% de los abortos en España se realizan en centros públicos. El 85 por ciento pasa por los centros concertados; ninguno de ellos está en la provincia de Guadalajara, lo que obliga a las mujeres a desplazarse, generalmente a Madrid. Dentro de Castilla-La Mancha, sólo se han practicado en clínicas de Albacete y Ciudad Real.
La derivación a clínicas madrileñas se mantiene inalterada desde hace décadas y no se detuvo tampoco durante el Gobierno de Cospedal, con José Ignacio Echániz como consejero de Sanidad y Asuntos Sociales. Este político del PP, actualmente diputado en Cortes por Guadalajara, se mostró abiertamente en contra de la Ley del Aborto promovida por el PSOE y asumió la aplicada por el Partido Popular.
Medio millar de casos al año en Guadalajara
Cada año rondan el medio millar las mujeres residentes en la provincia de Guadalajara que interrumpen un embarazo. Según datos consultados por LA CRÓNICA en el Ministerio de Sanidad, que no están mediatizados por la pandemia de COVID, en 2019 fueron exactamente 452 la mujeres atendidas, casi todas remitidas desde su centro de salud.
El perfil de edad mayoritario es el comprendido entre los 20 y los 35 años. Entre 15 y 19 años de edad, en 2019 fueron 51 casos; 5 de ellas tenían 15 años, que es la menor edad registrada en las tablas. En el otro extremo, sólo 2 mujeres tenían más de 44 años.
En consecuencia, en la gran mayoría de los supuestos estamos ante personas con estudios completados de ESO o de Bachillerato, sin hijos en el 43%; la cuarta parte, con un hijo previo y con dos, en otro 24,22% exactamente. Ocho de las mujeres que recurrieron a la IVE en 2019 en Guadalajara tenían ya 5 o más hijos.
Según esa misma estadística oficial, 296 de las mujeres no habían sido sometidas a abortos anteriormente (un 65,48%), 106 ya habían abortado en una ocasión previamente y 5 de ellas lo habían hecho en cinco o más ocasiones. En la gran mayoría de los casos, se interrumpe con 8 semanas o menos y prácticamente siempre es por petición de la mujer (398) frente a los 37 que en el citado 2019 se practicaron por «grave riesgo».
La actual Ley del Aborto en España es de 2010.
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