El subdelegado del Gobierno en Guadalajara, Ángel Canales, ha mantenido sendos encuentros en Cogolludo y Galve de Sorbe con más de una veintena de alcaldes y concejales de ayuntamientos de la zona para explicarles el procedimiento de solicitud de instalación de cámaras de videovigilancia.
Estas reuniones responden al interés mostrado por los responsables municipales en la utilización de esta herramienta como complemento a la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Canales ha recalcado que “se trata de atender una demanda de los ayuntamientos, poniendo en su conocimiento los requisitos que deben cumplir para obtener la autorización”.
En todo caso, les ha recordado que la clave de la decisión corresponde al ámbito judicial, aunque ha resaltado que el compromiso mostrado por la Guardia Civil está resultando decisivo y, hasta el momento, los dos ayuntamientos que han completado el proceso han conseguido el visto bueno.
A la reunión de Cogolludo acudieron más de una docena de alcaldes y concejales de municipios del entorno, mientras que en Galve de Sorbe la reunión fue solicitada por los ayuntamientos que forman parte de la Mancomunidad Sierra Pela-Alto Sorbe. También asistieron los comandantes de los puestos de la Guardia Civil de Cogolludo y de Atienza, respectivamente. En ambos casos, los responsables municipales quisieron agradecerles el incremento de la presencia de la Guardia Civil que han constatado durante este año.
Además de exponer el procedimiento, que puede iniciarse con una simple comunicación a la Subdelegación del Gobierno mediante escrito o incluso por correo electrónico, el subdelegado coincidió con alcaldes y concejales en que la instalación de cámaras de videovigilancia puede tener un triple efecto: de un lado, reforzar la sensación de seguridad de vecinos y vecinas; de otro, servir como elemento de disuasión para los delincuentes y, además, ayudar en la investigación en caso de que se produzca algún delito.
