La asociación vecinal ‘Defiende Horche’ ha solicitado, para el sábado 26 de junio, la celebración de una manifestación. Con esta forma de protesta, aspiran a congregar a los vecinos de la localidad que estén hartos de los okupas presentes en el municipio. En los últimos meses, la tensión se ha agudizado por el efecto llamada que está teniendo la creciente okupación de viviendas.
Los convocantes quieren hacer llegar a las administraciones y a los bancos propietarios de estos pisos que «deben poner fin a este creciente problema» porque genera «inquietud y miedo» en este pueblo, de 3.000 habitantes y próximo a la capital.
El presidente de la asociación, Fernando García, señala que, aunque están pendientes de que se confirme la manifestación aún por parte de la Subdelegación del Gobierno, no esperan tener ningún problema para realizarla.
La marcha arrancará a las siete de la tarde desde la entrada del municipio, bajará todo el Paseo de la Virgen y concluirá en la la Plaza Mayor.
Miedo en el pueblo, además de hartazgo
El propósito de la misma, según el presidente de esta asociación, es sacar a la luz el «tremendo malestar» que hay en el municipio y mostrar la «queja vecinal» ante la «inseguridad, miedo y amenazas» que se está generando en este pueblo de menos de 3.000 habitantes «desde hace unos años» con motivo de la okupación de viviendas, «agravada en los últimos meses de manera «alarmante» por un «efecto llamada» que ha disparado la okupación, con más de medio centenar de viviendas okupadas según esta fuente.
«La gente ya no aguanta más», ha afirmado García, aludiendo no solo a la okupación del bloque de viviendas conocido como ‘Las 3000’, propiedad de un banco, sino que ha saltado a viviendas particulares del pueblo. «La gente tiene miedo y está muy indignada», afirma.
«Nos vemos abandonados por parte de las administraciones», ha insistido el presidente de esta asociación, creada precisamente con el fin de tener más fuerza a la hora de reivindicar que se ponga fin al problema.
Y aunque en este abandono no incluye al Ayuntamiento, ya que no tiene competencias, sí echan de menos más respuesta por parte de los gobiernos central y regional, especialmente ante los bancos propietarios de las mismas para que se articulen los mecanismos que sean necesarios para que, de forma legal, se impidan las okupaciones.
Según García, en el municipio se vive una situación de «inseguridad total». Ha apuntado que están «hartos» y que por eso han decidido movilizarse para pedir más medios para poner fin a la ocupación «descontrolada» de pisos por el efecto llamada. Unos medios que, en todo caso, ya se han incrementado con una mayor presencia de la Guardia Civil en el municipio, pero que les parecen ser insuficientes.
«Somos un pueblo que no llega a las 3.000 personas, tenemos más de 50 casas okupadas y nadie nos da un a solución. Si fuesen casas privadas, ya estarían fuera», ha concluido indignado por los problemas de inseguridad que esto está generando también.