Según se ha sabido este lunes, la Guardia Civil detuvo el pasado jueves a la persona que aseguraba haber sido víctima de un secuestro. LA CRÓNICA no se hizo eco en ningún momento de la supuesta noticia, por la sospecha de que fuera una fabulación. La investigación de la Benemérita ha corroborado el acierto del criterio aplicado por este diario.
Al detenido, un vecino de Guadalajara de 34 años que había salido de Torrejón del Rey al comienzo de toda la peripecia, se le atribuye un delito de simulación de delito por denuncia falsa. Como sí difundieron otros medios de comunicación, esta persona denunció con la versión que había sido víctima de un secuestro, supuestamente ocurrido el 14 de agosto.
Al día siguiente, el ahora detenido presentó una denuncia en el puesto de Azuqueca de Henares. Entonces, declaró que había sido retenido ilegalmente por dos individuos el
pasado 14 de agosto, en la carretera N-320 a la altura de la localidad de Cabanillas del Campo y que posteriormente lo trasladaron hasta la localidad de Horche, donde habría sido retenido en un inmueble hasta las seis de la madrugada del mismo 15 de agosto. Según su testimonio, fue él quien logró zafarse de sus presuntos captores.
Dentro de la versiones que corrieron en estos días había de todo, difundiéndose en algún medio que le habían asaltado dos magrebíes cerca de Valdeluz, después de que estos simularan haber sufrido un accidente. Al acudir en su auxilio, al buen samaritano lo habrían metido en el propio vehículo.
Ahora, la conclusión de la Guardia Civil es clara… y en sentido contrario. «Gracias a las investigaciones practicadas por agentes de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Guadalajara consiguieron desmontar las argumentaciones denunciadas en su día por este individuo y pudieron determinar la falsedad de los hechos denunciados» ha confirmado con toda rotundidad una fuente oficial del instituto armado.
¿A qué se arriesga ahora el detenido?
El artículo 456 del Código Penal hace referencia al delito de denuncia falsa, relativo a la imputación de actos que de ser ciertos constituyeran una infracción penal, pero con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, ante el funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación.
Las penas posibles varían en razón de la gravedad de los hechos:
- Pena de prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses, si se imputara un delito grave.
- Pena de multa de doce a veinticuatro meses, si se imputara un delito menos grave.
- Pena de multa de tres a seis meses, si se imputara un delito leve.