Se atisba en el horizonte un nuevo motivo de inquietud para las economías domésticas de los vecinos de Guadalajara y también, aunque a algunos les cueste creerlo, para los propios responsables municipales. Tras tres años de moratoria, en abril de 2025 tendrán que ser aplicados en toda España y de manera tajante los nuevos criterios para la recogida de basuras. Y, en consecuencia, cobrar más por ello.
Aunque haya caído en el olvido para muchos, el 26 de abril de 2024 el Ayuntamiento de Guadalajara conseguía al fin ver publicada y sin errores la «Tasa por prestación del Servicio de Recogida de Basuras». Fue al segundo intento cuando entró en vigor desde las páginas del Boletín Oficial de la Provincia. Ya es prácticamente papel mojado, puesto que pronto perderá vigencia.
Lo que más asusta en la mayoría de los más de 8.000 municipios españoles es la exigencia de que la tasa de basuras cubra el cien por cien de los costes reales del servicio. Se impondrá desde el Gobierno central el próximo año. Amparado el cambio, como tantos otros, en el cumplimiento de una directiva europea.
En el caso de Guadalajara, según las diversas fuentes consultadas por LA CRÓNICA, no será ese el mayor problema. Actualmente, el porcentaje de cobertura es muy alto en la capital alcarreña, como bien notan en sus bolsillos los propios vecinos.
La cuestión que más quebraderos de cabeza puede dar en los próximos meses en una Corporación ya de por sí saturada de concursos administrativos conflictivos es cambiar los criterios por los que se cobrará la tasa.
El principio general, y casi mágico, que habrá que aplicar de forma parece que inexcusable es el de que «quien contamina, paga». O lo que es lo mismo, que se pague distinto en razón de la ocupación de las viviendas, por ejemplo, algo muy difícil de conseguir.
El artículo 11.3 de la Ley estatal 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular exige a los ayuntamientos implantar una tasa específica, diferenciada y no deficitaria.
Concretamente, en el epígrafe 2 del Anexo V, se especifica que habrán de imponerse «sistemas de pago por generación de residuos («pay-as-you-throw») que impongan tasas a los productores de residuos según la cantidad real de residuos generados y proporcionen incentivos para la separación en origen de los residuos reciclables y para la reducción de los residuos mezclados».
Se avecinan subidas
Para todos los pueblos que vierten sus basuras en Torija, un problema económico serio será que sus vecinos encajen, al cien por cien, el coste de un servicio de traslado y tratamiento en la planta de residuos que, además, la Diputación ya ha encarecido, después de años sin actualizarlo.
En el caso de la capital, las tasas actualmente vigentes establecen algunas pocas exenciones, centradas en los jubilados con muy bajos ingresos. Para la inmensa mayoría, lo aprobado la pasada primavera ya supuso un incremento del 15% sobre la anterior tabla.
En efecto, por cada vivienda residencial se cobran 118,40 euros, que suben hasta los 175,76 para los comercios; 354,91 para los bares; 591,30 euros para las fruterías y así hasta los 709,10 euros para supermercados y grandes almacenes.
Las industrias pagan menos de mil euros, exactamente 945,95.