El PSOE de Guadalajara reunió este fin de semana a su Comité Provincial. De entre todo lo allí resuelto, pocas sorpresas. Ni siquiera sorprende que en la nota oficial se dejara para el último párrafo la referencia de que los socialistas guadalajareños piden al Gobierno de España «que contemple la aprobación de la Ley de Medidas Integrales para la convivencia y contra la ocupación ilegal de viviendas propuesta por las Cortes regionales como parte de la solución a este problema».
El secretario general del PSOE de Guadalajara, Pablo Bellido, conoce bien el texto a que se alude, ya que fue aprobado en las Cortes de Castilla-La Mancha, que desde hace dos años preside el mismo Pablo Bellido en un continuado ejercicio de bilocación. También conoce el azudense los ya frecuentes llamamientos desde Toledo para que Moncloa asuma ese texto en la Carrera de San Jerónimo, algo que por ahora parece improbable pese al aparente empeño de García-Page.
Bellido quiso ser escrupuloso en la distinción entre «aquellas personas que han estado pagando su vivienda y la crisis económica les ha llevado a no poder pagarla durante un tiempo, de aquellas que dan la patada en la puerta en una propiedad que no es suya, alteran la convivencia y, en muchos casos, realizan actividades ilícitas que generan enorme frustración vecinal».
Ante estas situaciones, que son frecuentes en los municipios más próximos a Madrid, el Comité Provincial del PSOE «muestra su apoyo a las personas y ayuntamientos que lo sufren». Sus reclamaciones, eso sí, no van contra los pequeños propietarios sino contra los grandes tenedores de viviendas, expresión con la que se alude tanto desde el Gobierno regional como desde el PSOE esencialmente a los bancos, a los que exigen que ejerzan responsablemente la propiedad de sus inmuebles y que pongan al servicio del mercado y de las administraciones sus viviendas vacías, «a fin de poder satisfacer la demanda de vivienda en régimen de alquiler a precios asequibles».
Primer comité presencial desde la pandemia
El PSOE de Guadalajara celebraba este 18 de julio, de 2021, su primer Comité Provincial desde el inicio de la pandemia. El objetivo prioritario era confirmar la fecha del décimo quinto Congreso Provincial, que se celebrará el 28 de noviembre, tras los comités federal y regional. Lo más emotivo, el minuto de silencio guardado en memoria de las víctimas del coronavirus, entre ellas la alcaldesa de Villanueva de la Torre, Sara Martínez y el alcalde de Cantalojas, Siso Arranz.
Las otras dos resoluciones ratificadas por este Comité eran relativas al trasvase Tajo-Segura y a la despoblación.
Respecto al trasvase, Bellido ha recordado “que gracias al apoyo de García-Page y también a que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene más sensibilidad medioambiental estamos más cerca” del objetivo de elevar la lámina estable de los embalses de cabecera, “elevando el caudal ecológico del Tajo, reduciendo el volumen trasvasable y consiguiendo que las transferencias para consumo humano no se sumen a la cantidad de agua trasvasada, sino que se resten”, lo que lleva a que “la posición de la provincia de Guadalajara y de los municipios de cabecera haya mejorado de manera sensible, y va a seguir mejorando”. En esta resolución se reconocen los importantes avances conseguidos en los últimos años y el trabajo de los municipios ribereños, instando al Gobierno de España a que la elevación progresiva del umbral mínimo no trasvasable en los embalses de cabecera.
En lo relativo a la despoblación, el Comité Provincial ha reconocido el trabajo de los gobiernos de España y Castilla-La Mancha, y la labor de la Diputación Provincial, poniendo en valor la aprobación de la nueva Ley contra la Despoblación promovida por el Gobierno de Emiliano García-Page, “una ley pionera” que se combina “con una mayor sensibilidad de Sánchez y una Diputación absolutamente volcada con los municipios más pequeños”, a la vez que se insta a que se tenga en cuenta este fenómeno en todas las decisiones técnicas y políticas de los próximos años.