El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara ha dado a conocer este jueves un informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas ciertamente peculiar. En el documento, que ha mostrado pero que no ha facilitado, se resalta que el Ayuntamiento habría estado pagando durante el período de confinamiento en exceso a la empresa adjudicataria de la limpieza de los colegios.
El PP lo cifra, de manera un tanto grosera, en torno a loa 300.000 euros. Para alcanzar ese número se han sumado las mensualidades afectadas, de marzo a junio. No se han tenido en cuenta los trabajos efectivamente realizados o los que se hayan justificado. Efectivamente, otras fuentes consultadas por este diario rebajan sustancialmente la cantidad, que en todo caso procedería de una «bolsa de horas», cuya justificación es la que se cuestiona. En aquellas fechas se publicitaron ampliamente labores de desinfección contra el COVID, aun cuando todas las instalaciones estaban clausuradas.
Las alegaciones del alcalde llegaron fuera de plazo
Este diario ha podido comprobar que, abierto el período de alegaciones por el Tribunal de Cuentas, hizo llegar las suyas Antonio Román como anterior alcalde a las críticas del contrato en lo correspondiente a su mandato. El Tribunal de Cuentas detalla expresamente que las del actual alcalde, Alberto Rojo, «llegaron fuera de plazo».
Realizada la fiscalización del contrato, el Tribunal de Cuentas concluye que el de Guadalajara, como el otros municipios analizados en el mismo documento «no se
suspendieron total ni parcialmente, a pesar de referirse a instalaciones o dependencias que
estuvieron cerrados durante la vigencia del estado de alarma, como eran las escuelas
infantiles, colegios públicos, palacio de exposiciones, museos, etc. Esto evidencia una
indebida gestión de los recursos por parte de la administración contratante al continuar destinando gasto público a actuaciones carentes de utilidad sobre edificios fuera de uso a pesar de disponer de la posibilidad legal de suspender los correspondientes contratos, con el consiguiente ahorro para el presupuesto de la entidad local.
Ese es solo uno de los párrafos significativos del informa de fiscalización 1.419 «DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CELEBRADOS POR LAS ENTIDADES LOCALES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS SIN ÓRGANO DE CONTROL EXTERNO PROPIO, EJERCICIOS 2018 Y 2019″, al que ha podido acceder este diario a pesar de no serle facilitado ni por el grupo municipal denunciante ni por el equipo de gobierno.
Un contrato cuestionado
La discrepancia se centra, habrá que insistir, en el contrato para la limpieza de los colegios de la ciudad y su aplicación durante los meses del confinamiento. El Tribunal de Cuentas entiende que se debía haber suspendido el contrato entre el 17 de marzo y el 21 de junio, al ser inaplicable por coincidir con un período de falta de actividad en los centros educativos de la capital.
Jaime Carnicero, portavoz municipal del PP, ha asumido en su rueda de prensa que «sabemos que son épocas complicadas, pero precisamente por ello tiene que primar la responsabilidad de las personas, y más aún de aquellas que están al frente de las administraciones públicas como es en este caso el Ayuntamiento de Guadalajara».
