El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo para poner en conocimiento la»obstrucción» que, a su juicio, practica el equipo de Gobierno formado por PSOE y Ciudadanos, impidiendo el correcto acceso a la información municipal por parte de los grupos de la oposición.
«Esta situación se viene repitiendo durante los últimos ocho meses», recalcan desde el PP. Tanto es así que la cuestión se ha abordado en diferentes plenos. E incluso se llegó a deliberar una moción, presentada por el Grupo Aike el pasado mes de diciembre. La iniciativa del concejal Jorge Riendas, en las antípodas ideológicas del PP, fue rechazada con los votos en contra de los partidos que conforman el gobierno municipal.
Los concejales del Grupo Popular Itziar Asenjo y José Luis Alguacil son quienes han explicado este miércoles la petición elevado al Defensor del Pueblo. Han subrayado que «tras ocho meses sin soluciones, a partir de ahora se abrirá un expediente y se tramitará la queja, con el fin de conocer si existe alguna irregularidad».
Poca información y «vigilada»
Asenjo ha comentado que cada vez que los ‘populares’ solicitan a la Alcaldía acceder a los distintos expedientes, «no se facilita la información que contienen». Como alternativa, se les responde que los concejales tendrán acceso a la información solicitada a través de un equipo informático habilitado en la primera planta de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas bajo la supervisión del ordenanza mayor del Consistorio.
Para los concejales del Grupo Popular, «esto es una forma de limitar y restringir el acceso a dicha información, que además se hace de forma vigilada».
«Esta situación implica una vulneración constante y reiterada del derecho a la información contenido en la Constitución en su artículo 23.2», ha denunciado Asenjo insistiendo en la importancia del derecho a la información de los concejales.
¿Qué establece la Ley?
La Ley Reguladora de Bases del Régimen Local establece que «los miembros de las corporaciones locales tienen derecho a cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función».
Por otro lado, con respecto a Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, las obligaciones de acceso a la información pública se ven, según el PP, extraordinariamente reforzadas, pues se está vulnerando el propio reglamento orgánico de funcionamiento del pleno del Ayuntamiento de Guadalajara.
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