“La Ley de Caza impuesta por Page y sus socios de Podemos no sólo es una traición al sector cinegético, sino a los pueblos que tienen en la caza una importante fuente de ingresos y de actividad social. Por eso, desde el Partido Popular defendemos la caza y exigimos a Page que de marcha atrás y revierta el daño que su ‘ley anticaza’, aprobada a espaldas del sector, está haciendo a Castilla-La Mancha”.
Así lo ha señalado el portavoz del Partido Popular de Guadalajara, Lucas Castillo, en el transcurso de una rueda de prensa en la que ha recordado los datos de la caza en Castilla-La Mancha -donde genera un volumen de negocio de más de 634 millones de euros, 23.500 empleos directos y supone el 1,7 por ciento del PIB-, y ha informado sobre las modificaciones a la Ley propuestas por el PP y presentadas en las Cortes por el presidente regional de este partido, Paco Núñez.
En este sentido, ha planteado que uno de los principales cambios debe ser acabar con un régimen sancionador “que está acribillando a los cazadores, que han pasado de ser los protagonistas a ser perseguidos, duplicándose las sanciones”; además, el PP quiere que se modifique la norma porque prohíbe determinados calibres de caza, de manera que la ley regional se adecúe a la nacional en materia de armas.
Castillo, que ha destacado la importancia de la caza en la provincia de Guadalajara –que cuenta con 678 cotos de caza y más de un millón de hectáreas cinegéticas- ha afeado a Page y Podemos se afán por poner zancadillas a la actividad cinegética en esta región, lamentando que “la izquierda siempre intenta prohibir aquello que no le gusta”.
El portavoz del PP, asegura que su partido defiende la caza por todo lo que representa para Castilla-La Mancha: actividad económica, equilibrio del entorno natural, dinamización y fijación de población en el medio rural. En base a estos aspectos, “no se trata de defender un gusto personal, sino aquello que es importante para un territorio y su población”, asegura Castillo, apuntando en este sentido que la actividad cinegética aporta grandes beneficios económicos y sociales en una provincia como Guadalajara, “hundida por la despoblación, en la que 180 de sus 288 municipios están ya por debajo de los cien habitantes”.
Por todo ello, los populares han solicitado la modificación de la “ley anticaza”, que fue aprobada sin consenso y a pesar del rechazo unánime de la Mesa de la Caza; y que ataca y perjudica al sector cinético y todo lo que representa para Castilla-La Mancha, la segunda Comunidad Autonóma con mayor extensión de terrenos cinegéticos, por detrás de Castilla y León.
