MADRID/TOLEDO, 9 (EUROPA PRESS)
El Registro de Actos de Última Voluntad, dependiente del Ministerio de Justicia, registró durante el primer semestre de este año un descenso del 30 por ciento en el número de testamentos inscritos respecto al mismo periodo de los dos años precedentes. En Castilla-La Mancha se registraron en ese periodo 8.871 testamentos.
A pesar de los meses de confinamiento y las restricciones de movilidad impuestas a la ciudadanía, 241.433 personas han inscrito su testamento durante este periodo de seis meses en todo el territorio nacional.
Según ha informado el Ministerio de Justicia en un comunicado Cataluña (41.417), Andalucía (38.852) y Madrid (27.362) fueron las comunidades autónomas con más inscripciones, mientras que Melilla (155), Ceuta (265), La Rioja (1.825) y Cantabria (3.074) registraron las cifras más bajas.
La misma tendencia a la baja se ha registrado durante este periodo en relación a los testamentos procedentes del extranjero, consulares y militares, –se graban directamente en el Registro de últimas voluntades–, que se redujo a 73.
Durante los dos años anteriores las cifras fueron muy similares: en 2019, 692.336 ciudadanos registraron su testamento, frente a los 687.584 que lo hicieron en 2018. Cataluña también fue la Comunidad autónoma que más testamentos inscribió en los dos años citados. Ceuta y Melilla, las que menos.
En Castilla-La Mancha, se registraron 25.005 testamentos durante el año 2019 y 26.018 durante los doce meses del año anterior.
«EL SERVICIO NO HA PARADO»
a directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, ha asegurado que «dadas las circunstancias ni se ha producido el desbordamiento de testamentos que algunos alarmistas anunciaban, ni en absoluto se ha parado el servicio». «Ha prevalecido la coordinación, el sentido común y la prudencia de los ciudadanos», ha concluido.
El pasado 15 de marzo, un día después de que el Gobierno decretara el estado de alarma por la pandemia del coronavirus, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, del Ministerio de Justicia, dictó una instrucción con las medidas necesarias para garantizar prestación del servicio público notarial durante la crisis sanitaria.
Así, debido a las restricciones de movimiento de los ciudadanos, los notarios solo tenían obligación de atender aquellas actuaciones notariales de carácter urgente, por teléfono o a través de un escrito presentado telemáticamente en la página web del Colegio del Notariado. De este modo, el ciudadano interesado en los servicios notariales debía acudir personalmente a la oficina notarial con cita previa.