Organizaciones animalistas han protagonizado, este lunes y ante el Congreso, una protesta en la que activistas con caretas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y del diputado socialista Santos Cerdán, sujetan un galgo muerto sobre una bandera de España. Con esta iniciativa, reclamaban al PSOE que retire la enmienda a la Ley de Bienestar Animal con la que pretenden excluir de la misma a los perros de caza.
Los activistas han explicado que el galgo muerto que han mostrado durante su acción fue encontrado atropellado en una cuneta. Junto a él una pancarta con el lema ‘Mismos perros misma ley’ y otra en la que se puede ver un perro ahorcado por el logo del partido socialista. Precisamente, desde hace años, se atribuye a los galgueros el ahorcamiento de miles de perros al final de cada temporada, para no tener que mantener a los animales que no alcanzan el rendimiento deseado.
Esta ‘performance’ se produce el mismo día que se reúne la ponencia de la Comisión de Derechos Sociales para tratar de forma conjunta el proyecto de ley orgánica de modificación del Código Penal en materia de maltrato animal y el proyecto de ley de protección, derechos y bienestar de los animales.
En esta reunión a puerta cerrada, el PSOE y Unidas Podemos buscarán un acuerdo sobre esta medida después de que los ‘morados’ hayan propuesto añadir al texto una excepción que permita que los perros de caza queden fuera de la norma solo durante el periodo que dure la actividad cinegética.
Las cesiones del PSOE
A las entidades que han organizado esta protesta les parece que la iniciativa de Unidas Podemos va «por el buen camino», según ha explicado a los periodistas el coordinador de Animanaturalis en Madrid, Jaime Posada. A su juicio, con su enmienda, «el PSOE ha cedido al lobby político».
Desde las organizaciones animalistas señalan que su experiencia al frente de protectoras les hace partícipes a diario de «la crueldad» que sufren los perros de caza a los que, según han señalado, recogen «apaleados, amputados y aterrorizados». En este sentido, también denuncian que llevan «décadas» haciéndose cargo de estos animales cuando, a su juicio, debería ser una labor de los servicios públicos.