Tras una semana de tregua, el juicio por el incendio de 2016 vuelve a la actualidad informativa y con todos los honores. Después de la maratoniana declaración de Sergio David González, viceconsejero de Medio Ambiente entonces, llega el turno para César Urrea, el que era alcalde del pueblo desde 2011, tras varios años como concejal de Urbanismo en el mismo municipio.
César Urrea se ha inhibido de todo lo que ha podido. Incluso del conocimiento de un informe de octubre de 2001, sobre la petición para gestión de residuos peligrosos en lo que hasta ese momento era una mera chatarrería. Más de una década de ignorancia total. A preguntas del abogado del Ayuntamiento, ha negado expresamente haber recibido dinero alguno, jamás, por «hacer la vista gorda» en la tramitación de expedientes municipales.
Descarga de responsabilidad
«Gestión ambiental integrada», eufemismo administrativo para aludir a un vertedero de materias de muy complicado tratamiento, y un reiterado «No tengo conocimiento ninguno» han ido parejos en la declaración. «Si no me quiero enterar, no me entero de nada» ha llegado a espetar quien por entonces era concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Chiloeches, que ha descargado responsabilidades sobre el funcionario municipal y sobre el alcalde. Mientras, la instalación seguía sin licencia de apertura y era una actividad ilegal.
Lo instructivo de leerse el sumario
«Desde 2006 hasta 2011, me he enterado de todo por la instrucción (del sumario)» ha llegado a sostener Urrea. En coherencia con esa declaración, ha asegurado que en 2007 no le constaba que la actividad careciera de licencia de apertura, aunque era evidente el funcionamiento de la planta.
La fiscal ha llegado a mostrarse perpleja de que siendo concejal de Urbanismo lo desconociera todo y que nadie le dijera ni le planteara nada sobre esos 28.000 metros cuadrados del polígono (en 2011), llenos de restos potencialmente peligrosos y que, además, eran «crecederos, puesto que ya eran 35.000 metros cuadrados en 2015.
Asegura César Urrea que hasta 2011, cuando entró como alcalde, no tuvo conocimiento de que estuviera en una situación administrativa irregular. Eso, a pesar de que la LOTAU atribuye al Ayuntamiento la obligación inspectora sobre el municipio. Y sería tan sólo tras tomar posesión como alcalde irregularidades, ciñéndolas a que estaban ilegales las naves 2 y 3. La nave 1 era la que tenía licencia como chatarrería.
«¡Qué cosas tiene!» le dice a la fiscal
El exalcalde se ha escudado, rotundo, en que siempre ha actuado en la dirección que le marcaban los técnicos, tanto para aprobar o para denegar. Tanto es así, que ha insistido en que en 2011 y 2022 «giraron visita» los técnicos municipales, sin que en sus informes se reseñara que la empresa en cuestión estaba realizando actividad ilegal alguna… como, por ejemplo, la gestión de residuos peligrosos, para la cual no tenían autorización.
En cuanto a la parcela y su tráfico de residuos, considera que el movimiento en 2015 «es nulo» y que está «hasta arriba» tiempo después, cuando él ya no era alcalde.
Discurría ya la hora completa de interrogatorio cuando la fiscal le planteó al alcalde si había alguna relación entre los donativos de las empresas, para fiestas y actividades deportivas, y el discurrir de los expedientes en el Ayuntamiento. «¡Qué cosas tiene, qué cosas tiene!» reaccionó aparentemente ofendido César Urrea. Ya no hubo más preguntas.
