El servicio de transporte sanitario en las provincias de Albacete, Ciudad Real y Guadalajara acumuló un total de 922 quejas, 210 apercibimientos y 180 procesos sancionadores, razones que motivaron que el Gobierno de Castilla-La Mancha procediera a iniciar los trámites para dar por finalizado el contrato con la Unión Temporal de Empresas adjudicataria el pasado mes de octubre.
Así lo ha explicado el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, este jueves en las Cortes de Castilla-La Mancha, donde ha precisado que en Guadalajara hubo 215 quejas, 50 apercibimientos y 38 sanciones.
Fernández Sanz ha detallado que tanto a los apercibimientos como a las sanciones a la empresa adjudicataria se sumó el extremo de que la empresa empezó a "no colaborar prestando información", lo que también provocó la apertura de expedientes sancionadores.
La situación se volvió más difícil cuando la empresa difundió informaciones "poco veraces" al respecto de la renovación de la flota a la que estaba obligada como adjudicataria, lo que hacía que la calidad del servicio se pusiera "en peligro".
Con todo, la Consejería entendió que había motivos suficientes para resolver el contrato, y queda acreditado que "no se renueva la flota, sino que se encuentra envejecida", con el mal estado de los vehículos como causa de los fallos del servicio.
Se decide arrancar el procedimiento de resolución de contrato por las "incidencias reiteradas", y en este momento se están estudiando las alegaciones presentadas por la UTE adjudicataria.
Tras este procedimiento, según ha dicho Fernández Sanz, habrá que esperar un dictamen previo del Consejo Consultivo antes de que el Consejo de Gobierno pueda finiquitar totalmente el contrato.
Mientras tanto, la empresa seguirá prestando el servicio, y la intención es poner en marcha los mecanismos para adjudicar de nuevo a otra empresa la prestación de este servicio, lo que se espera formalizar en 2020 siempre y cuando no haya por parte de la empresa actual acciones judiciales que dilaten el proceso.
HACE UN AÑO, NO HABÍA PROBLEMA
La aceptación actual del mal servicio contrasta con lo que se planteaba en octubre de 2018. Hace un año, el consejero de Sanidad del Gobierno de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, hacía públicos los datos de la encuesta de satisfacción efectuada a pacientes castellano-manchegos en los meses de mayo y junio al respecto de la situación del transporte sanitario. En ella se sostenía que un 98,4% de los preguntados opinaban que el servicio de ambulancias es "bueno o aceptable"; un 96,2% consideraba que no hay irregularidades; y un 97,8% sostenía que es puntual.
Fernández Sanz expuso esos datos al cierre de un debate general sobre la situación del transporte sanitario propuesto por el PP, y en que el diputado de Podemos David Llorente y el 'popular' Lorenzo Robisco criticaron duramente el estado de las ambulancias.
El consejero defendió entonces el contrato suscrito el 7 de abril de 2017, "que ha servido para contratar a 129 trabajadores más y para mejorar el equipamiento con 19 nuevas UVIs móviles, más ambulancias, 506 vehículos de transporte no urgente, desfibriladores y respiradores nuevos".
CS ACUSA AL GOBIERNO DE "DEJADEZ"
Volviendo al Pleno de este jueves, la diputada de Cs Úrsula López ha tomado la palabra en nombre de su grupo para criticar tanto el proceso de adjudicación del contrato como la prestación del servicio en sí misma.
"Esto tiene una repercusión grave en la prestación del servicio, y las personas más vulnerables son quienes lo sufren", ha lamentado la parlamentaria ciudadrealeña, quien ha acusado de "dejadez" a la Consejería por "no velar por el cumplimiento del contrato".
También ha reparado en el papel de los profesionales, "que se han visto sometidos a soportar" jornadas de trabajo en malas condiciones.
PP ALERTA DE QUE OCURRIRÁ EN MÁS PROVINCIAS
Por parte del PP, Juan Antonio Moreno ha alertado de que esta situación puede pasar también en las provincias donde operan otras empresas al margen de esta UTE, como Cuenca, al tiempo que ha lamentado que al sacar el pliego de condiciones no se exigiera una antigüedad máxima a los vehículos que prestarían el servicio.
El parlamentario albaceteño ha señalado que, si este Gobierno era consciente de que la empresa a la que ahora se va a rescindir el contrato postuló a la adjudicación "en fraude de ley", sería motivo "más que suficiente" para que el presidente autonómico, Emiliano García-Page, dejara su cargo.
"Si ahora es todo tan urgente, ¿por qué no han seleccionado un nuevo contratista por el trámite de urgencia?", se ha preguntado Moreno, quien apunta a que "el más incumplidor de todos está siendo el Gobierno, que no hace frente a los compromisos adquiridos".
Con todo, ha pedido la rescisión y posterior adjudicación "urgente" de este servicio para "defender a trabajadores, pacientes y calidad del servicio".
PSOE RECUERDA LA SITUACIÓN HEREDADA
El diputado del PSOE Ángel Tomás Godoy ha intervenido en el pleno para hacer memoria del "escenario diferente" asumido por el Gobierno autonómico del PSOE, que según ha dicho pasaba por "solo mejorar el servicio en aquellos puntos donde se quiso cerrar el servicio de urgencias nocturno".
Entonces, el PSOE "sacó un nuevo contrato que aumentó número de ambulancias, coberturas y trabajadores, mejorando todas las condiciones".
Esos nuevos contratos supusieron la subrogación de todos los trabajadores más la incorporación de 129 empleados más, además de conseguir la renovación de servicios como los de UVI móvil.
Tras recalcar las mejoras implicadas en el nuevo pliego, ha culpado directamente a la empresa adjudicataria en estas provincias, considerando que hay que resolver el contrato "con las máximas garantías" judiciales.
