Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Guadalajara ha ratificado las resoluciones extraordinarias adoptadas por el presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega, durante la primavera de 2020 para hacer frente a la pandemia y sus efectos económicos y sociales en la provincia de Guadalajara.
Según ha informado la Diputación en nota de prensa, el órgano judicial se ha pronunciado a raíz de un recurso presentado por el Grupo Popular, que ha sido «desestimado», y en el que demandaba que las decisiones aprobadas por la Diputación tras la declaración del estado de alarma fuesen anuladas.
Entre las resoluciones que el Grupo Popular pedía anular figuraban reconocimientos extrajudiciales de crédito para agilizar los pagos a empresas, pymes y autónomos proveedores de suministros, obras y servicios a la Diputación de Guadalajara, por importe total de más de 1.188.000 euros.
Estas resoluciones, adoptadas por Vega, tenían como finalidad agilizar el reconocimiento de facturas y su correspondiente abono, con el objetivo de aumentar la liquidez y la capacidad de supervivencia de las empresas y autónomos que habían prestado servicio a la Institución en una situación de total incertidumbre por las consecuencias económicas derivadas de la pandemia del COVID-19.
«El presidente de la Diputación asumió de manera temporal y excepcional competencias de los órganos de gobierno de la Institución, facultado por el Real Decreto que supuso la declaración del estado de alarma en España, con el fin de agilizar las medidas urgentes que debían adoptarse» destacan ahora desde la Diputación.
Hubo modificaciones y suplementos de crédito para poner en marcha «acciones urgentes de tipo social y económico, como ayuda a colectivos vulnerables, a entidades locales y a pequeñas empresas y autónomos de la provincia», insisten.
No obstante, según defiende la Diputación, todas las resoluciones adoptadas por José Luis Vega fueron sometidas a la ratificación del Pleno de la Diputación. En sesión extraordinaria celebrada el 8 de abril de 2020, el Pleno de la Corporación respaldó todas las decisiones del presidente en relación con la lucha frente a la pandemia y sus efectos «sin votos en contra».
El PP no votó contra esos gastos en el Pleno
La sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo llama la atención sobre la «incoherencia» que supone la demanda presentada posteriormente por el Grupo Popular contra unas medidas sobre las que se abstuvo cuando fueron sometidas a la votación del pleno de la Diputación.
Esa «contradicción» entre lo votado por el Grupo Popular en pleno y su posterior presentación de un recurso administrativo para anular las decisiones que no habían rechazado es valorada como «un intento sibilino de poner palos en las ruedas y dificultar que la Diputación pudiese ayudar a las personas de la provincia más afectadas por la crisis del coronavirus», en palabras de la vicepresidenta quinta y diputada de Economía y Hacienda, Susana Alcalde.
Alcalde recalca que «mientras el equipo de Gobierno tomaba medidas urgentes para paliar los efectos sociales y económicos de la crisis originada por la pandemia, además de colaborar con las autoridades sanitarias y resto de administraciones, el principal grupo de la oposición se dedicaba a poner palos en las ruedas, aunque no lo escenificasen abiertamente ante el pleno».
Por ello, considera que «ahora la Justicia ha puesto las cosas en su sitio y ha dejado claro que estas medidas urgentes, que mucha gente de la provincia necesitaba, se adoptaron siguiendo los procedimientos legales con total corrección».
