Dos viviendas de protección pública, construidas bajo la fórmula de VPP, permanecen sin uso en El Casar desde hace 11 años. Una, que fue construida y adaptada para su uso por personas con movilidad reducida ha sido desvalijada, sin que quede nada en su interior, ya sean radiadores, cobre o incluso la instalación eléctrica. A escasos metros, otra vivienda permanece cerrada, sin que haya sido saqueada.
La situación ha sido denunciada este lunes por Izquierda Unida. Su portavoz, Daniel Touset, recuerda que en el anterior mandato municipal propusieron iniciativas para encontrar soluciones para estas dos viviendas. «Ahora, la solución que propone el gobierno de PSOE y Ciudadanos es tapiar las casas, para que no entre nadie. Así no se dan soluciones al problema de la vivienda, esto es barrer debajo de la alfombra el fracaso de la Junta y del Ayuntamiento», argumenta el concejal.
¿Qué eran las viviendas VPP?
Este caso nos hace recordar que hubo un tiempo en España en que lo más habitual eran las viviendas protegidas, ya fueran las muy conocidas VPO o las más minoritarias VPP. Con las primeras se hicieran numerosas promociones, que incluían en muchos casos la picaresca de entregar las viviendas con muretes listos para tirar al entrar, habilitando así los propietarios buhardillas y otros espacios que superaban ampliamente la limitada superficie que era requisito para acogerse a estas ayudas públicas.
Tanto las viviendas VPO como las VPP se presentaban con un precio más asequible que las del mercado libre, hasta que la coyuntura cambió. Tenían algunas limitaciones: debía usarse como vivienda habitual y permanente (aunque a veces se alquilasen); además, estaba formalmente dirigidas a personas con ingresos limitados. Además, durante los años establecidos existía limitación en cuanto al precio de venta. A cambio, las ayudas financieras eran mayores y las condiciones del préstamo, mejores en razón de las ayudas públicas establecidas.
En el caso de la Vivienda de Promoción Pública (VPP) la compra del suelo, la financiación y la construcción eran gestionadas por un ente público. Su principal característica era su reducido precio y su entrega se realizaba, normalmente, mediante un sorteo o un concurso público. El área construida no superaba los 110 metros cuadrados y se suponía que tenían una calidad de construcción es mayor que en una VPO (que no superaban nominalmente los 90 metros cuadrados); todo ello justificaba un precio mayor. Para aspirar a una de ellas había que acreditar unos ingresos familiares inferiores a 5,5 veces el IPREM, no ser dueño de otra vivienda de protección y, además, estar empadronados en la localidad correspondiente.